La Gobernación de Antioquia decidió destinar recursos propios para adquirir botas, cascos y chalecos antibalas para policías y soldados que operan en los 125 municipios del departamento, en respuesta a la grave escasez de dotación que afecta a la Fuerza Pública y que se ha agudizado tras los recientes ataques del Clan del Golfo.
La situación de los uniformados en Antioquia alcanzó niveles críticos, según testimonios recogidos por El Colombiano.
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Un agente de la Policía Nacional relató que “en los últimos dos años nos bajaron mucho la dotación. Hay compañeros a los que no les han dado un uniforme, cuando antes nos daban dos dotaciones por año. La situación está crítica”.
Estas declaraciones reflejan el deterioro de las condiciones materiales de quienes integran la Fuerza Pública en el departamento, especialmente en los municipios más alejados.
El anuncio oficial lo realizó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, que detalló que la Gobernación debió suplir necesidades elementales y primarias de la Fuerza Pública, una responsabilidad que, en principio, corresponde al Estado colombiano.
Martínez Guzmán, que anteriormente comandó la Policía Metropolitana y la Policía Antioquia, explicó que “estamos evidenciando que las condiciones de las autoridades son muy paupérrimas”.
El funcionario subrayó que la precariedad se hizo aún más visible durante el denominado plan pistola, ejecutado a finales de abril y comienzos de mayo, que dejó como saldo nueve uniformados asesinados por el Clan del Golfo.
La falta de dotación afecta de manera particular a las mujeres policías. El general Martínez Guzmán destacó que encontró a policías mujeres en las calles, expuestas a los ataques del plan pistola, sin chalecos antibalas.
Una uniformada confirmó al medio citado que estuvo en uno de los ataques y carecía de este elemento de protección.
La carencia de equipos no se limita a los chalecos: en varias regiones, policías y militares no disponen de botas de dotación y deben utilizar uniformes con suelas despegadas o rotas, lo que compromete su seguridad y capacidad operativa.
Frente a este panorama, la Gobernación de Antioquia decidió invertir en la compra de cerca de 3.000 pares de botas, 3.000 chalecos tanto para mujeres como para hombres, y cascos de protección blindados.
El objetivo es garantizar la seguridad de los uniformados y fortalecer la capacidad de respuesta ante la arremetida de los grupos criminales.
Estos recursos provendrán tanto de los fondos propios de la Gobernación como del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), además de lo recaudado mediante el impuesto a la seguridad que actualmente pagan 550.000 contribuyentes.
La crisis de dotación se vio agravada por el recorte presupuestal anunciado este año por el Gobierno Nacional al Ministerio de Defensa, que ascendió a $700.000 millones. Esta reducción tuvo un impacto directo en la disponibilidad de recursos para la compra de uniformes y armamento, justo cuando la situación de seguridad en varios territorios del país se ha vuelto más compleja.
La disminución de fondos obligó a las autoridades departamentales a asumir responsabilidades adicionales para evitar que la Fuerza Pública quede desprotegida.
La intervención de la Gobernación no se limita a la dotación personal. En varios municipios de Antioquia, se han realizado trabajos de mantenimiento y reparación en estaciones de policía y bases militares que presentaban condiciones de deterioro extremo.
Un uniformado, cuyo nombre no fue revelado por seguridad, relató que “sí les han hecho arreglo a muchas estaciones, las han puesto bonitas, pero todo ha salido de parte del Gobierno departamental”, dijo a El Colombiano.
Sin embargo, el secretario de Seguridad considera que estos esfuerzos resultan insuficientes ante la gravedad de la situación.
En municipios como Murindó, la estación del Ejército consiste en un contenedor, mientras que en Yondó los militares operan en instalaciones con filtraciones de agua y problemas estructurales que ponen en riesgo a las tropas.
La estrategia de la administración departamental busca fortalecer el esquema de seguridad en Antioquia, no solo mediante la dotación de uniformes y equipos, sino a través de la modernización tecnológica.
Se trabaja en la dotación de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empas), unidades especializadas en la prevención del delito en zonas rurales. A estos escuadrones se les entregarán vehículos, motocicletas, drones y otros equipos necesarios para mejorar su capacidad operativa.
Otro componente clave de la estrategia es la creación del Nodo Departamental, un centro de inteligencia que permite la vigilancia de casi todos los municipios de Antioquia mediante cámaras de seguridad de diversas tecnologías.
Esta infraestructura tecnológica busca complementar el trabajo de la Fuerza Pública y ofrecer herramientas adicionales para enfrentar a los grupos criminales que operan en la región.
El general Martínez Guzmán resumió el enfoque de la Gobernación al afirmar: “Actualmente les estamos dando de todo a la fuerza pública para que pueda trabajar, nuestro objetivo es poder tener todas las capacidades para enfrentar a los grupos criminales”.
La decisión de la Gobernación de Antioquia de asumir la compra de elementos básicos para la Fuerza Pública responde a una coyuntura marcada por la violencia y la insuficiencia de recursos nacionales.
La administración departamental busca garantizar que policías y soldados cuenten con las condiciones mínimas para cumplir su labor, en un contexto donde la seguridad de los municipios depende en gran medida de la capacidad de respuesta de sus autoridades.
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