Secretario de Paz de Medellín protestó porque la UNP le quitó su esquema de protección: “Hago responsable al señor presidente Petro”

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, denunció en la noche del martes 17 de junio que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó el retiro de su esquema de protección.

El funcionario calificó la medida como irresponsable y la atribuyó a una persecución política, señalando que esta situación agrava el riesgo en que se encuentran líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

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Arcila expresó su preocupación y estimó que la decisión de la UNP responde a una tendencia nacional.

“La UNP se viene desdibujando, se volvió una herramienta politiquera, de persecución contra los líderes y defensores de derechos humanos, contra la oposición y líderes, y candidatos que van a ir en las próximas contiendas electorales”, afirmó el secretario, haciendo alusión también a casos recientes, como el del precandidato presidencial Miguel Uribe y otros funcionarios públicos.

El secretario de Paz responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro de cualquier situación que atente contra su integridad y enfatizó que, a pesar de los recursos interpuestos para evitar el desmonte de su protección, la decisión de la entidad nacional representa un mensaje negativo para la seguridad de los funcionarios y líderes sociales en Medellín y Antioquia.

También mencionó que el alcalde Federico Gutiérrez ha sido objeto del retiro parcial de su esquema de protección bajo órdenes de la UNP.

“Hago responsable al señor presidente Petro por la situación que representa de riesgo contra mi vida, él sería el único responsable, hoy (martes 17 de junio) el esquema será desmontado por orden de la UNP, hemos hecho todos los recursos necesarios, pero es un mal mensaje contra la seguridad de los líderes, defensores y los funcionarios que hoy estamos en la alcaldía y la gobernación porque vemos una demostración de persecución política”, agregó Arcila.

Carlos Arcila alertó sobre el riesgo que enfrenta, recordando que durante más de tres décadas ha trabajado en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las víctimas del conflicto armado. Explicó que ha realizado denuncias públicas sobre la presencia y actividades de grupos armados ilegales en Medellín, lo que le ha valido amenazas sistemáticas por parte de integrantes de esas estructuras.

“Manifiesto mi preocupación por la posibilidad de que mi esquema de protección sea afectado como consecuencia de motivos políticos y no por un análisis técnico de riesgo”, declaró el funcionario en un video compartido desde su cuenta de X.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, desencadenó una respuesta inmediata del gobierno de Gustavo Petro. Días después del ataque, el Ejecutivo decidió adelantar la activación del Plan Democracia, que tradicionalmente se implementa en las semanas previas a las elecciones presidenciales. El propósito es fortalecer la seguridad en la primera etapa de la precampaña para los comicios de 2026.

La decisión de intensificar los esquemas de protección llegó acompañada de presiones presupuestarias. Según cifras de la UNP citadas por El Tiempo, se necesitarían cerca de 100.000 millones de pesos para cubrir los costos de seguridad de todos los precandidatos presidenciales en lo que resta de 2025. Augusto Rodríguez, director de la UNP, advirtió que ese monto podría aumentar considerablemente durante 2026, ante el ambiente político tenso que dejó el atentado a Uribe Turbay.

La mayor demanda de protección afecta no solo a los precandidatos, sino también a congresistas y otros líderes políticos. El gobierno coordina la respuesta con el Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, que impulsa la expedición de un decreto para autorizar medidas urgentes de refuerzo. Todo el operativo cuenta con el respaldo del Ejército y la Policía.

El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) permanece en sesión permanente para identificar líderes en riesgo y definir acciones de resguardo. Según informes, la UNP ya realizó reuniones con figuras políticas como Claudia López, Juan Manuel Galán y Gabriel Vallejo para concertar soluciones temporales, mientras se ajustan lineamientos formales.

Una situación que generó polémica surgió cuando un error de abastecimiento de combustible retiró temporalmente el vehículo blindado asignado al concejal Andrés Barrios, presente en el sitio del atentado contra Uribe Turbay. El hecho, manejado por la empresa GMW Security Renta Car Ltda., alimentó rumores sobre la vulnerabilidad de los esquemas de protección, aunque la UNP aseguró que ese retiro fue momentáneo.