
La inminente expiración del plazo legal para investigar la presunta financiación ilegal y violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro ha desatado una ola de preocupación entre sectores políticos y ciudadanos, que a tres años de efectuarse la segunda vuelta presidencial y pese a que existiría evidencia copiosa de cómo se habrían superado los límites establecidos para la financiación de la aspiración del primer mandatario; que según reportes emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) superó los $5.355 millones.
En efecto, el órgano electoral cuenta con solo cinco días hábiles para pronunciarse antes de que la investigación prescriba, el 19 de junio, lo que podría dejar sin sanción uno de los casos más debatidos de los últimos años. Frente a ese escenario, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, adelantó a un plantón ciudadano frente a la sede del organismo, en Bogotá, con el objetivo de exigir que el proceso no quede archivado sin consecuencias para los que tuvieron a cargo esta aspiración.
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Según detalló Uscátegui, la investigación contra la campaña de Petro por presunta violación de topes electorales y financiación ilegal está a punto de caducar, ya que “la norma es clara: el plazo es de tres años, y se cumplen este mes de junio”; justamente el día en que, en 2022, se llevó a cabo la segunda vuelta. El congresista enfatizó que “no podemos permitir esa prescripción ni que el país se quede sin conocer toda la verdad sobre el financiamiento ilegal de esa campaña”, en declaraciones recogidas por el medio original.

El llamado del parlamentario se produjo tras reiteradas denuncias públicas sobre supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del jefe de Estado. Entre los hechos señalados por el congresista se encuentra la presunta participación de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, los recursos recibidos por Nicolás Petro, hijo del mandatario, de parte de cuestionados personajes y lo que serían otras irregularidades que demostrarían la manera en que se habría vulnerado la normatividad vigente.
Entre ellas, el papel del denominado narcopiloto, Carlos Eduardo Restrepo, dueño de la flota de aviones que habría sido usada por Petro; los dineros provenientes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y el uso de testigos electorales no reportados en la contabilidad de la campaña, a cargo del hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El representante reiteró en que existen “infinitas las pruebas, y no podemos dejar que esto se archive sin consecuencias para los gerentes y responsables de esa campaña”.

Los motivos del plantón de Uscátegui ante el Consejo Nacional Electoral
La convocatoria al plantón, de acuerdo a su convocante, pretendía movilizar a la ciudadanía y a los medios de comunicación para exigir justicia, transparencia y verdad en torno a lo que Uscátegui calificó como “uno de los escándalos políticos más graves de los últimos años”. Durante la jornada, el representante uribista planteó preguntas que, según él, aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades, pese a que algunos de los presuntos implicados en estos casos han empezado a hablar ante la justicia.
“¿Qué pasó con los aportes de ‘Papá Pitufo’? ¿Cuál fue la plata que recibió Nicolás Petro? ¿Qué papel jugó la sociedad aérea de Ibagué (Sadi)?”, afirmó el representante, que remarcó que el país lleva años esperando respuestas y que el archivo del caso sin una decisión de fondo representaría un golpe a la confianza en las instituciones, como en este caso el Consejo Nacional Electoral: compuesto por nueve magistrados, de diferentes vertientes políticas y en el que existiría mayoría de los partidos de oposición.

El acto, según se conoció, se llevó a cabo de forma pacífica, en pro de exigir celeridad en la actuación administrativa. “Solo quedan 5 días hábiles para que el CNE se pronuncie y emita las sanciones correspondientes. ¡Colombia no puede permitir más impunidad!”, expresó el congresista, hijo del general (r) Jaime Humberto Uscátegui; todo esto, en medio del silencio del órgano electoral, que hasta el momento no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre si emitirá algún tipo de determinación.
En este caso, es válido decir que el 24 de abril la Corte Constitucional de Colombia decidió suspender temporalmente las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta medida se mantenía vigente mientras se espera una sentencia definitiva sobre el asunto, tal como lo comunicó la institución en un reciente comunicado, en el que dejó en claro cuáles eran los alcances de la decisión.
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