Al menos seis personas fallecieron tras los combates registrados entre integrantes del ELN y disidencias del frente 33 de las Farc en la zona del Catatumbo, especialmente en los corregimientos de Quebrada La Esperanza y Cerro de las Flores, en jurisdicción de Ocaña, Norte de Santander.
Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada del martes 10 de junio y afectaron de forma directa a las comunidades de unas nueve veredas de este territorio.
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Vecinos del sector reportaron ráfagas de fusil, explosiones y el constante paso de motocicletas a alta velocidad, lo que obligó a la población a permanecer dentro de sus viviendas por temor a resultar heridos.
La situación llevó a la suspensión de clases en varias escuelas, para evitar que los menores quedaran atrapados en el fuego cruzado. “No podemos salir de las casas y tenemos temor de ser alcanzados por las balas o una de las explosiones”, narró una habitante del corregimiento, quien prefirió no revelar su identidad en declaraciones con Blu Radio.
La magnitud de los combates quedó evidenciada tras el hallazgo de al menos seis cadáveres en la vereda El Cerro de las Flores. La comunidad, ante la falta de garantías de seguridad para el ingreso de las autoridades, trasladó los cuerpos hasta la morgue de Ocaña con apoyo de funerarios locales.
Por el momento no se ha podido establecer la identidad de las víctimas ni a cuál de los grupos armados pertenecían, mientras que la Policía de Norte de Santander continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.
Se reporta que algunos de los heridos habrían sido remitidos al municipio de San Calixto. El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, instó a que los grupos armados excluyan a la población civil de la confrontación y reiteró la necesidad del diálogo como vía para la solución del conflicto, según lo detalló el medio La Opinión.
Entre tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el riesgo de desplazamiento masivo de familias si la violencia persiste en la región.
Crisis humanitaria en Catatumbo por violencia entre grupos armados
La recolección de los cuerpos de las víctimas por parte de los propios grupos armados ha dificultado la obtención de cifras precisas sobre la magnitud de la violencia en la región. En este contexto, la región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, enfrenta una grave crisis humanitaria marcada por el asesinato de 135 personas en los últimos cinco meses debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN.
De acuerdo con Caracol Radio, los recientes choques armados entre las disidencias de las FARC y el ELN han intensificado la violencia en el Catatumbo, generando desplazamientos masivos y confinamientos forzados que afectan a miles de habitantes.
La comunidad local ha reportado combates recientes en los municipios de El Tarra y Tibú, donde se estima que más de diez integrantes de ambos grupos armados han muerto, aunque las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre estos hechos. Según datos de la Defensoría del Pueblo, la crisis ha provocado el desplazamiento de más de 67.800 personas y mantiene a al menos 12.913 en situación de confinamiento.
La situación de inseguridad extrema en el Catatumbo se ha visto agravada por la presencia de otros grupos ilegales, además del ELN y las disidencias de las FARC, lo que ha generado violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Entre las principales víctimas de esta escalada de violencia se encuentran líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y niños, quienes han sido objeto de desplazamientos, asesinatos y otras formas de violencia. Estas acciones han obligado a muchas personas a abandonar sus hogares o a permanecer confinadas en condiciones precarias.
Caracol Radio consignó que la comunidad local ha denunciado que, tras los enfrentamientos recientes, los cuerpos de las víctimas fueron recogidos por integrantes de las mismas organizaciones armadas, lo que complica la verificación de los datos sobre el número real de muertos.
La falta de presencia estatal y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades han profundizado la sensación de abandono en la región. El impacto de la crisis también ha sido especialmente severo para las comunidades indígenas, que han sufrido desplazamientos forzados y amenazas constantes.
Estas comunidades, junto con los firmantes del acuerdo de paz, enfrentan un panorama crítico, ya que son blanco frecuente de los grupos armados que buscan consolidar su control territorial.
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