Polémica por licencia para construcción de una mansión en reserva forestal de Chía

La urbanización de los cerros orientales de Chía enfrenta una nueva polémica ambiental que ha encendido las alarmas entre residentes, ambientalistas y autoridades.

Este sector, reconocido como reserva forestal y fundamental para la conservación de especies en peligro de extinción como el zorro cangrejero, el tigrillo lanudo, el armadillo y el fara, lleva años bajo presión por el avance de proyectos privados y la fragmentación del hábitat.

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Al deterioro progresivo del ecosistema se suma la amenaza para la cuenca hídrica del río Bogotá, ya que los cerramientos con mallados y postes, junto con movimientos de tierra, afectan el cauce natural de varias quebradas.

En este contexto, la aprobación de una licencia para construir una mansión de 1.500 metros cuadrados, con piscina, casa de mayordomos y cancha de fútbol, desató indignación entre los habitantes. Temen que el daño ambiental se vuelva irreversible y alertan sobre el posible inicio de un proceso de urbanización masiva, amparado por decisiones administrativas controvertidas.

La Alcaldía de Chía concedió el permiso el 28 de abril, a pesar de que el predio se ubica en Encenillos de Sindamanoy, un área protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la Ley 99 de 1993. También existen dos fallos judiciales previos, uno del Juzgado Administrativo de Zipaquirá en 2015 y otro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019, ambos prohibían expresamente el desarrollo de proyectos de vivienda individual o en condominio en la zona. La comunidad acudió nuevamente a acciones legales para intentar frenar la obra y recordó que la misma constructora, Pedro Gómez & Cía., intentó en 2015 edificar más de 700 viviendas allí hasta que lo impidió la justicia.

El trámite de la licencia se radicó por segunda vez en diciembre de 2024, luego de haber sido retirado tras protestas ciudadanas. Concejales como Pablo Andrés Castro y Andrés Vela señalaron la velocidad del procedimiento y criticaron la ausencia de la debida socialización pública que hubiese permitido a la comunidad ejercer su derecho a la oposición.

La zona ya muestra señales de impacto ambiental. El propietario habría realizado, de forma ilegal, la tala de más de 120 árboles y comenzó obras sin la licencia requerida. Estas acciones fueron denunciadas ante la Inspección de Policía y la CAR, aunque las intervenciones no se han detenido.

El caso remite a lo sucedido en 2016, cuando la alcaldía permitió otro macroproyecto en medio de litigios ambientales. En ese momento, la constructora entregó lotes como pago de deudas a bancos, y actualmente entidades financieras estarían rematando terrenos que, en caso de ser vendidos, podrían facilitar nuevos desarrollos inmobiliarios en la reserva.

La población local exige la intervención de autoridades nacionales y órganos de control para evitar lo que califican como un “atropello ambiental sin precedentes.” Abogados ambientalistas advierten que la actual licencia no solo contraviene el POT, sino que desconoce sentencias judiciales que buscan preservar la integridad ecológica de uno de los pulmones verdes más importantes de la Sabana de Bogotá.

La situación expone el conflicto permanente entre los intereses de desarrollo urbano y la protección ambiental, en especial en áreas tan estratégicas como los cerros orientales de Chía, donde la comunidad insiste en la urgencia de defender el equilibrio ecológico y salvaguardar el patrimonio natural de la región.

Para los opositores, la edificación de esta mansión en los cerros orientales de Chía representa un riesgo mayor que trasciende el daño puntual: temen que siente un precedente legal que reactive la urbanización de las 700 viviendas previstas en el frustrado megaproyecto de 2015.

Aunque el alcalde asegura que solo se permitirá una construcción por predio y descarta una urbanización masiva, la comunidad desconfía y anunció que agotará todos los recursos legales y administrativos disponibles. Defienden que la protección de este ecosistema es una responsabilidad colectiva, no solo local, y que el patrimonio ambiental de la Sabana de Bogotá está en juego.