Jóvenes mineros desaparecidos en Bolívar habrían sido secuestrados por el ELN

La desaparición de Juan Montaño y Jaime Villalba, dos jóvenes mineros del corregimiento de Puerto Rico, en la zona rural del municipio de Tiquisio (Bolívar), mantiene en vilo a la comunidad y a sus familiares, quienes desde hace tres días desconocen su paradero.

Las familias han solicitado apoyo a la Gobernación de Bolívar y la intervención de la Iglesia católica para lograr el regreso de los trabajadores.

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Según reportes de las autoriades, Montaño y Villalba de aproximadamente 20 y 25 años, fueron vistos por última vez el domingo 1 de junio, cuando se dirigían a su lugar de trabajo.

Según lo señaló Caracol Radio por testimonios recogidos en la zona, ambos habrían sido secuestrados por integrantes del ELN en un paraje conocido como Las Culebras, en los límites de los municipios de Morales y Montecristo.

Esta área es reconocida por la presencia de grupos armados ilegales y actividades ilícitas. Hasta ahora, las autoridades locales no han entregado información sobre el paradero o estado de los desaparecidos.

La falta de datos oficiales aumentó la angustia entre los habitantes del corregimiento de Puerto Rico y poblaciones cercanas, que permanecen en alerta mientras continúan las gestiones para que organismos departamentales y la Iglesia católica intervengan en el caso.

El ELN mantiene presencia en varias zonas del sur de Bolívar, donde persisten los riesgos para los trabajadores del sector minero y la población civil. La contingencia actual reaviva temores en la región y ha vuelto a poner sobre la mesa la exigencia de acciones contundentes para proteger a los habitantes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicados oficiales sobre operativos de búsqueda o negociaciones para la liberación de los mineros.

El temor al reclutamiento de menores de edad se ha extendido entre los habitantes de La Vega, una zona cercana a la vereda La Marisosa en el área rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han generado un confinamiento que ya suma tres días. Según informó Caracol Radio, los residentes han denunciado que la presencia de estos grupos armados ha impedido tanto la entrada de alimentos como la salida de personas del territorio, lo que ha agravado la situación humanitaria en la región.

Los combates entre el ELN y el Clan del Golfo se han intensificado en la zona, con reportes de uso de cilindros bomba durante los enfrentamientos. La disputa entre estas organizaciones armadas ilegales se centra en el control territorial de la Serranía de San Lucas, un área estratégica para actividades como la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de drogas.

La Secretaría de Seguridad de Bolívar confirmó al medio que el Ejército Nacional ya tiene conocimiento de la situación y ha comenzado el despliegue de tropas con el objetivo de frenar los combates y proteger a la población civil. El Brigadier General José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, declaró: “Los soldados combaten de manera contundente al Clan del Golfo para proteger a la población surbolivarense. Nuestro compromiso es Colombia”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los enfrentamientos han dejado víctimas fatales. Sin embargo, la comunidad permanece en alerta ante la posibilidad de que los grupos armados recluten a menores para sumarlos a sus filas, una preocupación que se suma a la escasez de alimentos y a la imposibilidad de desplazarse fuera de la zona.

La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo en la Serranía de San Lucas responde a intereses económicos ligados a la explotación ilegal de minerales y al control de rutas para el tráfico de drogas. Estas actividades ilícitas han convertido la región en un escenario recurrente de violencia, afectando de manera directa a las comunidades rurales.

El despliegue militar anunciado por la Secretaría de Seguridad de Bolívar busca restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes, aunque la persistencia de los combates y la presencia de artefactos explosivos complican las labores de las fuerzas armadas.

El regreso de cerca de 40 familias desplazadas a la zona rural de Valdivia, en el norte de Antioquia, no ha logrado disipar el ambiente de inseguridad que persiste en la región.

La reciente agresión contra una unidad militar en la vereda Raudal Viejo ha reavivado el temor entre los habitantes y la fuerza pública, quienes han sido blanco de ataques en medio de la disputa entre grupos armados ilegales.

Integrantes de la guerrilla del ELN hostigaron a una unidad del Ejército Nacional que se encontraba en la zona, encargada de proteger a la población civil y de facilitar el retorno de las familias desplazadas. El ataque, perpetrado con artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil, dejó a cuatro soldados profesionales heridos. Los militares afectados fueron evacuados en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para recibir atención médica especializada.

El Comando de la Décima Primera Brigada del Ejército confirmó que los soldados heridos se encuentran en condición estable. Las autoridades militares anunciaron que presentarán denuncias penales por estos hechos, al considerarlos una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, debido al uso de explosivos improvisados en el ataque.