La tensión entre el Ejecutivo y varios sectores políticos sigue escalando, esta vez por cuenta de un decreto que modifica el esquema de retención en la fuente y anticipa el recaudo del impuesto de renta. La norma, emitida por el Ministerio de Hacienda a finales de mayo, ya había despertado alertas entre gremios económicos y expertos tributarios. Ahora, se suma una nueva demanda que busca tumbarla por supuesta inconstitucionalidad.
La acción legal fue interpuesta el 30 de mayo ante el Consejo de Estado por la senadora María Fernanda Cabal. Para la congresista, se trata de una decisión que, además de afectar el bolsillo de los ciudadanos, “representa una clara extralimitación del Ejecutivo que afecta directamente la economía nacional y desconoce la separación de poderes”. Según explicó, el Gobierno no tiene competencia para modificar aspectos sustanciales del sistema tributario mediante decreto, sin que medie un debate legislativo previo.
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Cabal argumentó que esta modificación en las tarifas de retención no solo tiene efectos económicos inmediatos sobre empresas y trabajadores, también constituye una violación al principio de legalidad tributaria, que exige que todo cambio impositivo sea aprobado por el Congreso. “No se puede gobernar a punta de decretos cuando están en juego los ingresos de millones de colombianos”, añadió la senadora.
Otra demanda presentada
El Consejo de Estado recibió una demanda que busca suspender de inmediato su aplicación. Detrás de la acción legal está Carlos Javier Soler, coronel retirado del Ejército, ex secretario de Seguridad de Cali y ex director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
Soler aseguró que, el decreto emitido por el Ministerio de Hacienda desconoce principios constitucionales esenciales, en especial el de legalidad tributaria, que impide al Ejecutivo modificar impuestos sin la intervención del Congreso. “El artículo 338 C.P. señala expresamente: ‘En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los tributos’”, recordó el demandante en su escrito.
En su solicitud, dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dian, el coronel retirado exigió la nulidad total del decreto y planteó además una medida cautelar, la suspensión provisional de su ejecución, con el argumento de que la norma puede causar “afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional”.
El decreto, según explicó el ministerio, hace parte de una política de eficiencia fiscal y busca recaudar alrededor de $14 billones anticipadamente. La idea es fortalecer el flujo de caja de la Nación en un momento de estrechez presupuestal. No se trata, según la versión oficial, de crear nuevos tributos, sino de ajustar los tiempos y mecanismos de recaudo ya existentes.
Pero, Soler no comparte esa lectura. En su demanda argumentó que el decreto va mucho más allá de un simple ajuste técnico. A su juicio, se están modificando elementos estructurales del impuesto de renta, cambia la base gravable, se alteran rangos de ingreso, se ajustan tarifas y se amplía el universo de contribuyentes sin la debida autorización legislativa. En sus palabras, se trata de una “reforma disfrazada” que debería haber pasado por el Congreso.
Por su parte, Fedesarrollo, uno de los centros de análisis económico más influyentes del país, también llamó la atención sobre los efectos prácticos del decreto. Aunque reconoció la intención del Gobierno de evitar un desbalance fiscal, advirtió que la medida puede generar dificultades de liquidez en sectores empresariales, especialmente pequeñas y medianas empresas que no tienen margen para adelantar impuestos de forma repentina.
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