La defensora del Pueblo entregó detalles del estado de salud de la joven Embera que fue agredida en Risaralda

La confirmación de que la joven emberá de 17 años, víctima de una agresión física en Pueblo Rico, Risaralda, permanece estable y sin fracturas internas, fue uno de los puntos centrales abordados por la Defensoría del Pueblo.

La adolescente recibe atención médica especializada en el Hospital Santa Mónica, luego de que varios hombres la azotaran y golpearan en un caso que ha generado indignación nacional.

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De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, la situación de la joven fue verificada en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que confirmó su estado de salud y la ausencia de lesiones internas graves. La agresión ocurrió en el entorno familiar de la víctima y no bajo procedimientos de justicia propia ni por parte de autoridades tradicionales indígenas.

La defensora Marín expresó que este episodio no representa un hecho aislado, sino que refleja una problemática estructural y sistemática de violencia que afecta a la niñez y a las mujeres en diferentes contextos sociales y culturales.

“Lo que ha ocurrido con la niña indígena del pueblo Emberá, en Risaralda, que fue víctima de violencia física y difundido en redes sociales, no es solo un caso aislado ni un hecho excepcional. Es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa la niñez y las mujeres en todas las culturas, en todos los territorios y en toda la sociedad. Es inadmisible y requiere acciones inmediatas como país”, afirmó la funcionaria.

El caso, que se viralizó a través de redes sociales, ha puesto en el centro del debate la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad en comunidades indígenas.

La defensora Marín advirtió que la autonomía y la administración de justicia propia de los pueblos indígenas no pueden servir como argumento para vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes. “La autonomía y la administración de justicia propia de los pueblos indígenas no pueden ser utilizados para amparar violaciones a los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. Ninguna tradición, costumbre o práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez”, enfatizó.

El medio también reportó que la Defensoría del Pueblo ha solicitado acciones inmediatas y coordinadas para garantizar la protección de la joven y prevenir que hechos similares se repitan en otras comunidades.

La institución reiteró la importancia de que las autoridades competentes investiguen a fondo el caso y sancionen a los responsables, al tiempo que llamó a fortalecer los mecanismos de prevención y atención a víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente en contextos donde las prácticas culturales pueden entrar en conflicto con los derechos fundamentales.

La situación de la joven embera ha reavivado el debate sobre los límites de la justicia propia indígena y la obligación del Estado de proteger a los menores de edad, independientemente de su origen étnico o cultural. La Defensoría del Pueblo continuará acompañando el proceso de recuperación de la adolescente y supervisando que se respeten sus derechos durante todo el proceso judicial y de atención médica.

El video difundido el 29 de mayo de 2025 muestra el castigo físico a la niña indígena en la comunidad de Gito Dokabu, en Risaralda, ha provocado una fuerte reacción pública y la exigencia de sanciones para los responsables.

Las imágenes, que circularon ampliamente en la red social X, muestran a dos hombres golpeando repetidamente a una menor de edad con tallos herbáceos, mientras una mujer la sujeta y la cubre con una cobija antes de amarrarla a una viga.

Después de conocerse esto, líderes de la comunidad indígena Gitó Dokabú, en Pueblo Rico, Risaralda, rechazaron los hechos de maltrato a una niña del resguardo. Señalaron que los implicados, bajo la jurisdicción indígena, están capturados.

“Rechazamos el maltrato a las mujeres, a las mujeres no se le puede tocar. Ya tenemos capturados los presuntos responsables que maltrataron a la niña (sic)”, dijo el líder de esta comunidad.

La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de Aico por la Pachamama emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron de manera enfática el acto de violencia registrado en el video. Ambas organizaciones recalcaron que este tipo de agresiones no solo vulneran los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, sino que contradicen los principios espirituales, culturales y políticos de los pueblos indígenas.