Galán rechazó bloqueos de TransMilenio como estrategia del paro, tras declaraciones del presidente de la CUT: irá a la justicia

Con evidente molestia por lo ocurrido con TransMilenio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el jueves 29 de mayo de 2025 que interpondrá una denuncia penal contra Fabio Arias, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tras las declaraciones de este último en un cabildo abierto, en las que reconoció que los bloqueos al sistema de transporte masivo de la ciudad fueron parte de la estrategia del reciente paro nacional de 48 horas: que si bien no tuvo una convocatoria masiva, si generó inconvenientes.

Durante el cabildo celebrado en la Plaza de Bolívar, Arias afirmó que uno de los objetivos del paro era afectar el sistema de transporte público de Bogotá. “Compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas,” señaló Arias. Estas declaraciones despertaron la indignación del mandatario bogotano, que expresó su rechazo a estas acciones a través de sus redes sociales.

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En efecto, Galán calificó como inaceptable la confesión de Arias, y dejó en claro que este tipo de medidas vulneran los derechos de millones de ciudadanos. “El señor Fabio Arias, presidente de la CUT, confesó hoy que los bloqueos a TransMilenio son una estrategia de quienes organizaron el Paro Nacional. Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos, poniendo incluso en riesgo su vida,” expresó el alcalde, que agregó que la ciudad no tolerará acciones que perjudiquen la movilidad de la población.

Las afirmaciones de Arias se registraron en medio de las movilizaciones que, si bien no fueron masivas, sí generaron grandes traumatismos porque bloquearon en algunas de las ciudades, como ocurrió en Bogotá: que en la jornada del miércoles 28 de mayo dejó a más de 2 millones de usuarios de TransMilenio sin la posibilidad de usar el sistema para ir a sus trabajos, ir a citas médicas y a sus centros de estudio, y los obligó a caminar por las calles en búsqueda de un medio de transporte que, en otros casos, los acercara a los hogares.

Por tal motivo, Galán anunció que acudirá a la justicia para que Arias responda por sus afirmaciones. “Bogotá no puede permitir que eso suceda. Por eso, con base en esta confesión, mañana mismo se va a presentar la denuncia penal para que sea la Justicia la que investigue y determine esa responsabilidad”, afirmó Galán en su video, que recibió el apoyo, incluso, de sus contradictores, como el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, que está dispuesto a apoyar sus iniciativas en este asunto.

“Muy bien alcalde Galán, cuente con nuestra coadyuvancia y respaldo en la denuncia en contra del señor Fabio Arias de la CUT, millones de ciudadanos fueron afectados por los ilegales bloqueos de TransMilenio y eso debe tener una seria consecuencia legal”, afirmó Briceño en su perfil de X, en relación con las acciones legales que se tomarán frente a la confesión del dirigente sindical, que no solo puso en jaque a los ciudadanos que usan el sistema masivo, sino que ocasionó multimillonarias pérdidas.

Es válido descartar que para Galán esta acción no solo significa “joder a la gente” al interrumpir su rutina diaria, sino que además podría configurar violaciones al Código Penal colombiano. “El señor Arias confiesa claramente y abiertamente que los bloqueos al sistema de transporte de Bogotá, TransMilenio, no fueron una acción aislada. Fue una acción deliberada de quienes convocaron el paro, básicamente, para afectar los derechos de la gente,” enfatizó el alcalde.

La CUT, como uno de los principales convocantes de las movilizaciones, respaldadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, había defendido previamente la legitimidad de los métodos empleados para visibilizar las demandas sociales. Sin embargo, el reconocimiento de los bloqueos como una táctica planificada podría abrir un nuevo frente legal para el sindicato, que podría derivar en sanciones dependiendo de la interpretación judicial de los hechos e, incluso, determinaciones más graves para sus directivos.