Qué tiene de bueno y de malo para trabajadores y empresas la reforma laboral aprobada en el Senado: se despejan dudas

Con 13 votos por el “sí” y 2 por el “no”, la Comisíón Cuarta del Senado, tras 12 horas, aprobó el proyecto de reforma laboral mayoritaria en tercer debate. Con esto, la iniciativa, que plantea nuevos pagos para quienes trabajan los domingos y festivos, así como hace cambios a la jornada laboral (propone que la jornada nocturna empiece a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m.), pasa a la plenaria del Senado, donde es seguro tenrá un intenso y polémico cuarto debate.

Si es aprobada en la plenaria, pasará a conciliación entre Cámara de Representantes y Senado, para luego ser puesta a consideración del presidente Gustavo Petro para que la sancione como ley de la República o no.

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Ante esto, hay muchas dudas que rondan en todos los sectores del páis, sobre todo, en los propios trabajadores, que es a quienes beneficia. Por ello, Infobae Colombia consultó a expertos en el asunto sobre lo bueno, lo malo y lo feo que, por ahora, tiene el texto aprobado, que tiene aciertos importantes con retrocesos preocupantes y por lo que lo esencial será que los ajustes finales estén guiados por el equilibrio entre derechos laborales, promoción del empleo formal y sostenibilidad del sistema.

Por un lado, el líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, Pablo Hernández Hussein, considera que dentro de lo bueno está que se introdujeron algunos artículos que promueven la formalización, tales como subsidios por nuevos empleos. Adicionalmente, que se logran matizar algunos aspectos de impacto económico importante como la laboralización de los aprendices.

Por su parte, la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, anotó que la propuesta de recargo progresivo del 100% para el trabajo dominical o festivo sigue siendo elevada.

“Aunque el reconocimiento de este tipo de trabajo es legítimo, un incremento tan alto puede desincentivar la contratación formal en sectores con turnos rotativos o esquemas intensivos en fines de semana”, dijo. En este mismo sentido, remarcó que es importante revisar la jornada nocturna, para la cual en versiones anteriores se había planteado una exoneración parcial del recargo (hasta un 75%) para ciertos sectores estratégicos.

Según ella, recuperar esa distinción sectorial permitiría mayor adaptabilidad según las realidades productivas.

Por otro lado, enfatizó en que resulta acertada la posibilidad de pactar el día de descanso, lo que otorga mayor flexibilidad y se alinea con esquemas laborales modernos. No obstante, advirtió que se desmejora al eliminar la licencia de paternidad ampliada, una medida que contribuía a la equidad de género y al cuidado compartido.

“Este retroceso no solo desconoce avances en corresponsabilidad familiar, sino que manda un mensaje equivocado sobre las prioridades del sistema”, añadió.

También valoró de manera positiva que la conversión a contrato indefinido se mantenga en cinco años, un periodo coherente con el tiempo promedio de supervivencia de muchas empresas en Colombia. Igualmente, aceptó que es adecuada la decisión de mantener el carácter especial del contrato de aprendizaje, ya que la eliminación habría implicado una “laboralización” riesgosa, en especial, si se considera que la mayoría de aprendices son mujeres jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

La directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana destacó como innovadora la posibilidad de pactar jornadas laborales de cuatro días de trabajo y tres de descanso, que puede mejorar la conciliación entre la vida personal y laboral. Sin embargo, advirtió que también es necesario evaluar su impacto operativo en sectores con alta demanda continua.

Además, precisó que el incentivo económico por crecimiento del empleo formal, que contempla un aporte estatal de hasta el 25% de un salario mínimo por cada nuevo trabajador en condiciones específicas, es una medida interesante, pero hizo una salvedad:

“Debe aclararse cuál será su impacto fiscal y de dónde provendrán los recursos, especialmente en un contexto de restricciones presupuestales. Sería grave que esta medida quede en el papel por falta de financiación, máxime ante los desafíos de sostenibilidad fiscal que atraviesa el país”.

Sobre lo malo, Pablo Hernández Hussein dijo que se mantiene la estructura general de la propuesta inicialmente presentada, donde lo que se busca no necesariamente es atacar la informalidad y el desempleo, sino beneficiar a quienes ya tienen un contrato de trabajo vigente.

Otro punto crítico, de acuerdo con Morad, es el nuevo proceso disciplinario con un plazo de cinco días hábiles. Alertó que, aunque garantizar el debido proceso es esencial, fijar un plazo tan largo y rígido puede resultar disfuncional en casos de faltas evidentes. Para la experta, este tipo de formalismos, en un país con cerca de 60% de informalidad y baja capacidad de inspección, podría incentivar aún más la evasión de la normatividad laboral.

Una preocupación importante radica en la vinculación de personas en situación de vulnerabilidad. “Si están afiliadas al régimen subsidiado en salud, ¿quién cubrirá las prestaciones económicas por incapacidad o licencia? Esto podría implicar una carga adicional para el sistema de salud o dejar desprotegida a esta población, lo cual exige una solución fiscal clara”, cuestionó.

Juliana Morad manifestó que desde el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana se propuso la mensualización del pago de prima y cesantías como mecanismo para facilitar el flujo de caja de las empresas y fomentar la formalización laboral. De acuerdo con ella, la propuesta está incluida en la ponencia, pero solo para los trabajadores a tiempo parcial.

“Mantenerla restringida a este grupo puede enviar un mensaje erróneo: que contratar a tiempo parcial es más barato. Lo deseable sería ampliarla a todos los trabajadores, con el debido consenso y regulación”, añadió.

Por último, el líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados dijo que es feo saber que, a pesar de la aprobación y avances en este texto, el Gobierno mantendrá su posición de sacar adelante la consulta popular.