El lunes 26 de mayo, la Comisión Cuarta del Senado de Colombia presentará oficialmente una nueva ponencia para el tercer debate de la reforma laboral, una propuesta que ya ha generado divisiones significativas incluso antes de conocerse su contenido completo.
Es de mencionar que esta iniciativa enfrenta un panorama complicado, ya que no cuenta con el respaldo del Gobierno ni de las principales centrales obreras del país, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Ambas organizaciones calificaron las modificaciones propuestas como un retroceso en los derechos laborales previamente aprobados.
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El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a los cambios introducidos en la nueva ponencia, calificándolos como una “contrarreforma”. El mandatario afirma que las modificaciones desvirtúan el espíritu original de la reforma promovida por su administración.
En declaraciones recientes, Petro criticó a la Comisión Cuarta del Senado, presidida por la senadora Angélica Lozano, por excluir a la mayoría de los trabajadores de beneficios clave. Entre las medidas cuestionadas, el presidente mencionó la eliminación de recargos salariales nocturnos para el 80% de los trabajadores, la falta de contratos laborales indefinidos hasta después de cinco años, la exclusión de los jóvenes de contratos laborales y la eliminación de salarios en días festivos. “Toda una contrarreforma”, afirmó Petro.
La senadora Aída Avella, integrante de la Comisión Cuarta, también manifestó su desacuerdo con la nueva ponencia y anunció que presentará una propuesta alternativa. De acuerdo con Avella, algunos puntos del texto se alejan considerablemente de lo que el Gobierno considera una reforma favorable para los trabajadores. Esta decisión podría complicar aún más el trámite legislativo de la reforma, cuyo tercer debate estaba previsto para ser aprobado antes de finalizar mayo. Ambas ponencias serán radicadas el lunes, y la discusión formal comenzará el martes 27 de mayo.
Cabe destacar que el rechazo a la nueva ponencia no se limita al Gobierno. Las centrales obreras CUT y CGT también retiraron su apoyo al texto, argumentando que introduce medidas regresivas en comparación con el proyecto aprobado previamente en la Cámara de Representantes. En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la nueva propuesta elimina el carácter laboral del contrato de aprendizaje y no respeta el recargo nocturno. Estas medidas, según las centrales, son “inadmisibles” y representan un retroceso en los derechos laborales.
Por su parte, el ministro del Interior expresó su preocupación por la postura de las centrales obreras y reiteró el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de los trabajadores. “Desde el Gobierno vemos con preocupación la alerta que lanzaron hoy la CUT y la CGT. Ambas centrales anunciaron que no acompañarán el trámite de la reforma. Esto se suma a lo comentado por la senadora Aída Avella. Nosotros seguiremos muy atentos. Los derechos de las trabajadoras y los trabajadores deben respetarse”, afirmó Armando Benedetti.
En preparación para este nuevo debate, el Congreso llevó a cabo la semana anterior una serie de audiencias públicas con sindicatos, gremios y ciudadanos para recoger diferentes opiniones sobre el texto de la reforma. Aunque estas audiencias se plantearon como un espacio de deliberación democrática, su impacto en el contenido final de la ponencia aún no está claro.
El contexto de esta reforma laboral ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y el Congreso. El rechazo previo a una consulta popular propuesta por el Ejecutivo para blindar los derechos de los trabajadores evidenció las dificultades para avanzar en esta iniciativa. Ahora, con una nueva ponencia que no cuenta con el respaldo de las principales organizaciones sindicales, el futuro de la reforma laboral parece incierto.
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