Presunta persecución laboral genera tensión en el gobierno de Gustavo Petro

Varios funcionarios públicos en Colombia denunciaron ser víctimas de persecución laboral y acoso en la administración del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con un reportaje publicado por Semana.

Estas acusaciones incluyen despidos masivos, declaraciones de insubsistencia y restricciones en el ejercicio de sus funciones, lo que ha generado un ambiente de tensión en diversas entidades del Estado. Los testimonios recopilados por el medio revelan un panorama preocupante que afecta tanto la estabilidad laboral como la salud emocional de los empleados.

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Uno de los casos destacados es el de Luz Yolanda Morales, funcionaria de carrera administrativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que afirmó que su pertenencia a este grupo de trabajadores la ha convertido en blanco de sospechas.

Según Morales, se ha instaurado la idea de que los funcionarios de carrera representan una estructura política opositora al Gobierno. En su relato, señaló que su jefa directa le notificó verbalmente que ya no podía desempeñar sus funciones, restringiéndole el acceso a información clave para su trabajo. Morales denunció que esta situación ha sido sistemáticamente ignorada, incluso después de haber presentado su caso ante la Procuraduría. “Según los discursos del Gobierno, todos nosotros somos paramilitares y uribistas que no dejamos trabajar”, declaró.

Otro testimonio proviene de Sandra López (nombre modificado por solicitud de la fuente), que trabajó durante dos décadas como contratista en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). López relató que fue despojada de sus funciones y posteriormente desvinculada, presuntamente por no alinearse con el proyecto político del Pacto Histórico. Según su relato, más de 600 personas han salido del Dapre desde el inicio del gobierno Petro en agosto de 2022, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los empleados.

El Ministerio del Trabajo también fue señalado como un foco de abuso laboral. De acuerdo con testimonios recogidos por Semana, la llegada de Antonio Sanguino a esta cartera ha estado acompañada de retenciones salariales, limitaciones en las tareas asignadas y denuncias penales y disciplinarias contra empleados de carrera.

Una funcionaria que prefirió mantener su anonimato denunció que la exministra Gloria Inés Ramírez desconoció los derechos de los trabajadores sindicalizados y dejó sin salario a algunos empleados durante meses, a pesar de que el presupuesto para la nómina estaba garantizado. “Hay personas que no han recibido salarios del año pasado, y eso no puede ser, pues Hacienda manda la nómina completa y eso es intocable”, afirmó.

En la Agencia Nacional de Contratación Pública, un empleado con varios años de experiencia señaló que las tensiones políticas han deteriorado el ambiente laboral. Aunque reconoció que cada administración tiene la libertad de realizar cambios en su equipo, denunció que algunas prácticas recientes, como la sobrecarga o la reducción arbitraria de tareas, han afectado la convivencia y el desempeño de la entidad. Estas dinámicas han sido impulsadas por líderes que carecen de experiencia previa en el sector público, según el testimonio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha sido escenario de conflictos internos. Una funcionaria cercana al proyecto político de Gustavo Petro presentó una queja formal por convivencia laboral, alegando que las presiones recibidas afectaron gravemente su salud emocional y la llevaron a renunciar.

En su declaración, expresó sentirse paralizada y desmotivada, temiendo que estas situaciones se repitan en otras instancias regionales. Otro caso extremo fue relatado por una empleada del Ejecutivo, que confesó haber considerado quitarse la vida debido a la presión y el acoso de su jefe. Aunque recibió atención médica tras el incidente, aseguró que las condiciones laborales no mejoraron.

Los sindicatos advirtieron que la alta rotación de personal, producto de renuncias y despidos, está debilitando la memoria institucional y comprometiendo la continuidad de proyectos clave. De acuerdo con una de las agremiaciones consultadas por el medio citado, esta situación plantea interrogantes sobre el estilo de gestión del Gobierno y su impacto en la credibilidad del llamado “Gobierno del cambio”.

Frente a estas denuncias, el Gobierno implementó medidas para abordar el acoso laboral. Con base en una circular emitida en 2024 por el Ministerio del Trabajo, se establecieron protocolos que incluyen la resolución de quejas en un plazo máximo de 85 días, la creación de planes anuales de convivencia laboral y campañas educativas sobre las consecuencias del acoso. Sin embargo, las víctimas cuestionaron la efectividad de estas iniciativas, señalando que no han logrado frenar las prácticas denunciadas.

Además de las condiciones laborales, las fuentes consultadas por Semana expresaron preocupación por los nombramientos realizados en las entidades públicas. Según estas voces, algunos de los nuevos funcionarios carecen de la experiencia necesaria para asumir sus cargos, lo que podría agravar los problemas de gestión y eficiencia en el sector público.