La JEP reconoció a soldado herido por mina en combate con las Farc como víctima del conflicto armado

Alfonso Mateus Ávila, un soldado que perdió el pie izquierdo y sufrió quemaduras en la pierna derecha tras la explosión de una mina antipersonal en 2008, fue reconocido como víctima del conflicto armado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según informó esta entidad, el incidente ocurrió durante una operación militar contra el frente 31 de las extintas Farc-EP en el municipio de Colombia, en el departamento de Huila.

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Este reconocimiento se da en el marco de las investigaciones del caso 10, que examina los crímenes no amnistiables cometidos por la antigua guerrilla.

En una decisión inicial, la JEP había negado la solicitud de acreditación presentada por Mateus Ávila. La Sala argumentó que, al momento del ataque, el soldado se encontraba en actividades propias del Ejército y, por lo tanto, era considerado un objetivo militar legítimo.

Según la resolución inicial, no se evidenció que el militar hubiera sido atacado de manera traicionera, estuviera fuera de combate o que se hubieran utilizado armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La defensa de Mateus Ávila apeló esta decisión, argumentando que los miembros de la fuerza pública también pueden ser reconocidos como víctimas del conflicto armado.

Según la apelación, el DIH protege a los integrantes de las fuerzas armadas y, por ende, deben ser considerados víctimas en casos de infracciones graves en su contra. Además, la defensa subrayó que la jurisprudencia constitucional respalda esta posibilidad y que la normativa que regula a la JEP no excluye a los miembros de la fuerza pública del reconocimiento como víctimas.

En su resolución final, la JEP reconoció que el uso de minas antipersonal, como en este caso, puede constituir una violación a las normas del DIH. Este tipo de armas, prohibidas por tratados internacionales, causa daños indiscriminados y prolongados, afectando tanto a combatientes como a civiles. La acreditación de Mateus Ávila como víctima representa un precedente importante en el tratamiento de casos similares dentro del sistema de justicia transicional.

El caso de Mateus Ávila se enmarca en un contexto más amplio de violaciones a los derechos humanos y al DIH durante el conflicto armado colombiano. Las minas antipersonal, utilizadas ampliamente por las Farc-EP y otros actores armados, han dejado miles de víctimas en el país, incluyendo civiles y miembros de la fuerza pública.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha emitido una orden al gobierno nacional para que adopte medidas urgentes destinadas a garantizar la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz de 2016, en particular de aquellos que participan activamente en los procesos de esta jurisdicción. Según lo informado por la JEP, se han registrado 602 incidentes graves que afectan a personas en proceso de reincorporación, incluyendo asesinatos, amenazas y atentados, lo que evidencia un patrón sistemático de riesgo para quienes optaron por la paz.

De acuerdo con la información proporcionada por la JEP, estos hechos no solo representan un peligro directo para la vida de los excombatientes, sino que también comprometen la legitimidad del sistema de justicia transicional. Las medidas ordenadas incluyen el fortalecimiento de los esquemas de seguridad, un monitoreo más riguroso de las alertas tempranas y una mayor coordinación entre las instituciones responsables de prevenir nuevos actos de violencia contra los firmantes.

Enrique Pertuz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, calificó la decisión como un avance positivo en la protección de la vida y la integridad de los exmiembros de las FARC que firmaron el acuerdo. Según Pertuz, cualquier acción que contribuya a reducir el conflicto armado es beneficiosa para el país.

No obstante, también hizo un llamado a los comparecientes para que cumplan con su compromiso de aportar a la verdad, especialmente en casos como el del frente 33 en Norte de Santander, donde, según él, aún hay deudas significativas en cuanto a esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante más de cinco décadas en la región.

Pertuz destacó que muchas familias siguen esperando respuestas completas sobre los crímenes cometidos, mientras que otras han recibido relatos parciales que no satisfacen la necesidad de justicia y reparación. Este incumplimiento, según el defensor, afecta la confianza en el proceso de paz y en la capacidad de los excombatientes para contribuir a la reconciliación nacional.

La JEP subrayó que la falta de garantías de seguridad no solo pone en peligro la vida de los firmantes, sino que también amenaza la estabilidad del sistema de justicia transicional, diseñado para facilitar la transición hacia una paz duradera en Colombia.