Decir que Frisby España es una empresa “pirata” podría meter en un lío legal a cualquier colombiano: esta es la razón

Frisby Colombia, la reconocida cadena de comida rápida, enfrenta un lío legal debido a que una empresa española opera bajo el mismo nombre. La disputa gira en torno al registro y uso de la marca en Europa, donde Frisby España SL, una compañía independiente, asegura haber registrado el nombre “Frisby” en septiembre de 2024 y obtuvo la aprobación en diciembre del mismo año.

Por supuesto, el conflicto escaló tras un fallo provisional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), que podría revocar los derechos de la marca colombiana en el continente si no se demuestra un uso efectivo de la misma en los últimos años.

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Frisby España SL, liderada por una ciudadana belga y un abogado español, argumenta que la marca registrada por Frisby Colombia en la Unión Europea desde 2005 no se utilizó de manera activa durante el período establecido de cinco años. El principio, conocido como “úselo o piérdalo”, es clave en la legislación europea de marcas.

En mayo de 2025, la Euipo emitió un fallo preliminar favorable a la empresa española, lo que podría otorgarle los derechos exclusivos para operar bajo el nombre “Frisby” en Europa si la cadena colombiana no logra demostrar un uso reciente de su marca en la región.

Por su parte, Frisby Colombia denunció de forma pública lo que considera un “uso indebido” de su identidad corporativa e informó que tomará medidas legales para proteger la marca. La compañía sostiene que Frisby España SL busca aprovecharse de la reputación de esta, reconocida en el mercado colombiano. Además, aclaró que no tienen planes de expansión en Europa en este momento, lo que refuerza la naturaleza legal del conflicto.

El caso generó un debate sobre las implicaciones legales de llamar “pirata” a una empresa, término que se utiliza en redes sociales para describir la situación. Esto, teniendo en cuenta que la tiktoker colombiana Laura Sánchez calificó así a la empresa española y esta última le envió un mensaje y le solicitó que no lo volviera a hacer.

Exactamente, Frisby España expresó lo siguiente: “Hola Laura. Gracias por el interés que has tenido en tu contenido sobre el caso Frisby. Sin embargo, quisiéramos hacer una aclaración importante respecto al uso del término ‘Frisby pirata’ en tus videos”.

Además, que “Frisby España es una empresa legalmente constituida en la Unión Europea, y titular de los derechos marcarios correspondientes. No se trata de una operación clandestina ni de una copia ilegal,sino de un proyecto comercial registrado y conforme a la normativa europea de propiedad intelectual e industrial”.

Y es que en Colombia este tipo de acusación puede tener consecuencias legales bajo figuras como injuria, calumnia o difamación comercial. La injuria, definida como la imputación deshonrosa que afecta la dignidad y el buen nombre de una persona o entidad, y la calumnia, que implica la falsa imputación de un delito, están tipificadas en los artículos 220 y 221 del Código Penal Colombiano.

Dichas acciones pueden conllevar penas de prisión y multas, en especial, si se hacen por medio de medios de comunicación o en reuniones públicas.

Además, las declaraciones falsas que dañan la reputación de una empresa pueden ser objeto de demandas civiles por daños y perjuicios. En el caso de Frisby, llamar “pirata” a una de las partes sin pruebas podría interpretarse como una declaración falsa y perjudicial, lo que abriría la puerta a legal por difamación empresarial. El tipo de acusación también puede relacionarse con la violación de la propiedad industrial y la lealtad comercial, en especial, si se sugiere que una empresa falsifica productos al utilizar marcas registradas sin autorización o al incurrir en competencia desleal.

El término “pirata” en el ámbito empresarial se asocia con actividades ilegales que infringen derechos de propiedad intelectual, como la falsificación de productos, el uso no autorizado de marcas registradas, la violación de patentes y derechos de autor, o el contrabando. Las prácticas afectan a los propietarios legítimos de las marcas y también a los consumidores y al mercado en general, al generar competencia desleal y evadir impuestos y regulaciones.

En el caso específico de Frisby, la empresa española defiende la legalidad del proyecto al argumentar que identificaron una oportunidad de negocio en el mercado hispanohablante al no encontrar un uso activo de la marca de parte de Frisby Colombia en Europa. El argumento se alinea con las normativas europeas que permiten a terceros registrar marcas que no han sido utilizadas de manera efectiva durante un período prolongado.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, autoridad encargada de regular la propiedad industrial y la libre competencia, podría ser un actor clave en casos similares dentro del país. Sin embargo, en el contexto europeo, la resolución del conflicto dependerá de la capacidad de Frisby Colombia para demostrar el uso efectivo de su marca en el continente, un desafío que podría definir el futuro de su identidad corporativa en la región.