El debate sobre la consulta popular relacionada con la reforma laboral ha generado tensiones en el Senado, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y diversos sectores políticos.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, denunció que la inclusión de la votación de una apelación para revivir la reforma laboral archivada en la Comisión Séptima es una estrategia para obstaculizar la consulta.
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Sanguino calificó esta maniobra como una “trampita” y aseguró que el Gobierno no permitirá que se frustre la posibilidad de que la ciudadanía decida sobre el tema en las urnas.
“De nuevo las trampitas del tristemente celebre presidente del Senado Efraín Cepeda para torpedear la Consulta Popular. Le tienen pavor al poder popular expresándose en las urnas. ¡No lo vamos a permitir!“, afirmó el ministro Sanguino en declaraciones a Caracol Radio.
El ministro expresó su confianza en que el Senado apruebe la consulta popular, destacando que los números parecen favorables para avanzar en este mecanismo.
Sin embargo, advirtió que la apelación, radicada hace casi diez semanas, podría retrasar el proceso de manera significativa.
Según explicó, si esta apelación prospera, se requeriría nombrar nuevos ponentes, radicar ponencias y discutirlas en comisión, lo que podría llevar a que el proyecto se hunda antes del 20 de junio, fecha límite para su trámite.
En entrevista con La FM, Sanguino también se refirió al tema indicando que se trata de “una estrategia perversa” para impedir la votación popular, consistente en maniobras dilatorias como reactivar una apelación.
“No tenemos tiempo. Si prospera la apelación, se nombran ponentes, se radican ponencias, se discute en comisión y luego llega el 20 de junio y se hunde la reforma”, declaró el ministro en La FM.
En respuesta a las críticas sobre el costo de la consulta, estimado en setecientos mil millones de pesos, Sanguino defendió la inversión argumentando que “la democracia cuesta”.
Recordó que en el pasado se han convocado elecciones por decisiones judiciales que han implicado costos significativos, sin que ello haya generado cuestionamientos similares.
Además, rechazó la posibilidad de postergar la consulta hasta después de las elecciones presidenciales, señalando que la ley 1757 de 2015 establece que este tipo de mecanismos deben realizarse dentro de los tres meses posteriores a su aprobación en el Senado.
Así mismo, durante el debate en el Congreso de la República llevado a cabo el martes 13 de mayo, el ministro también había rechazado rotundamente la apelación, calificándola como un plan malintencionado para perjudicar la consulta popular.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expresó que la tardanza del Senado en tramitar la apelación solo se explica por el “malvado propósito de embolatar y obstruir” la consulta.
“Nueve semanas para que este Senado hubiera tramitado esa apelación y apenas ahora se acordaron de la apelación, oigase bien, con el malvado propósito de embolatar y de obstruir la consulta popular, porque no hay otra explicación para esa actitud”, manifestó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Sin embargo, algunos sectores recordaron al Ejecutivo que la apelación fue promovida por miembros de su propia coalición. El senador liberal Miguel Ángel Pinto afirmó que los impulsores de la apelación son Ariel Ávila y Fabián Díaz, identificándolos como petristas y parte del mismo sector del Gobierno, negando que la Comisión o su partido buscaran derribar la consulta por esa vía.
“No estoy con la apelación, quienes están propiciando la apelación son el señor Ariel Ávila, el señor Fabián Díaz, petristas, hacen con ustedes parte, con ustedes del tema, no es la Comisión, no somos nosotros los que estamos tratando de tumbar una consulta popular por esa vía”, dijo el senador por el Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto.
Quienes impulsan la apelación para revivir la reforma respondieron. “No es una consulta, no es una reforma laboral petrista, senador a usted quién le dijo esto, defender los derechos de los trabajadores, no nos hace petristas, en qué cabeza, mundo loco vive usted”, afirmó el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz.
El debate en el Senado también estuvo marcado por acusaciones de clientelismo. Sanguino negó que el Gobierno esté comprando votos con cargos y justificó la representación de partidos como el Liberal y el de La U en la coalición gubernamental como parte de una reconfiguración legítima. Según el ministro, este tipo de dinámicas son comunes en regímenes de coalición en países como Colombia, Alemania o España.
El debate contó con la presencia de varios ministros, incluidos los titulares de Interior, Salud y Trabajo, que buscaron asegurar los votos necesarios para avanzar con la consulta.
A pesar de las tensiones y los señalamientos cruzados, el Gobierno se mantiene optimista sobre la aprobación del mecanismo, mientras que los sectores críticos continúan cuestionando tanto el proceso como las intenciones detrás de la consulta.
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