Ocho personas fueron judicializadas por su presunta participación en una red de lavado de activos diseñada para ocultar y legitimar los ingresos ilícitos de Andrés Mauricio Vélez Hernández, conocido como alias Fortuna, un narcotraficante extraditado, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La investigación expuso cómo, mediante un esquema de creación de empresas y transferencias financieras, los implicados habrían blanqueado cuantiosas sumas de dinero de procedencia ilegal en varias regiones del país.
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Durante una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, los detenidos fueron localizados en Bogotá y en municipios de Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico, según precisó la autoridad.
Los capturados, identificados como Agustín Triana Díaz, Jhonatan Velásquez López, Claudia Marcela Moncada Herrera, Amanda Carvajal Carvajal, Luis Enrique Tovar Arteta, Robinson Loaiza Giraldo, Esteban Gonzalo Hernández Velásquez y Leidy Julieth Flores Garzón, están acusados de integrar la estructura ilegal que, según los hallazgos de la Fiscalía, participaba directamente en actividades como la transferencia de bienes ilícitos y el movimiento de grandes sumas de dinero a través del sistema financiero colombiano.
En su comparecencia ante un juez de control de garantías en Cali, los imputados enfrentaron cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
A pesar de las acusaciones, los señalados no aceptaron responsabilidad alguna por los hechos; sin embargo, continuarán vinculados al proceso judicial mientras las autoridades avanzan con la investigación y el análisis del material recopilado.
El esquema descubierto por la Fiscalía destaca por su velocidad y complejidad. Según los registros, los acusados habrían creado varias sociedades sin respaldo económico suficiente y facilitado la transferencia de 29 bienes inmuebles pertenecientes a alias Fortuna, todo esto en un lapso de 35 días.
“Este negocio jurídico, en principio, no tendría nada extraño, de no ser porque el señor Vélez Hernández sería el propietario de estas empresas, utilizando otros engranajes de la organización criminal como representantes legales y traspasándolas por precios muy inferiores de los que figuran en los certificados de tradición y libertad; es decir, se trató de ventas simuladas con el único propósito de ocultar el origen ilícito de los bienes”, señaló la fiscal encargada.
Estas acciones habrían permitido a la organización simular legitimidad sobre propiedades y recursos de origen ilícito. Asimismo, los imputados habrían utilizado sus cuentas bancarias personales para recibir dinero en grandes cantidades, realizar transacciones y girar cheques sin que existieran contratos que justificaran esas operaciones.
El juez encargado del caso decidió que los acusados permanezcan bajo investigación activa mientras se clarifican las imputaciones.
En un operativo de extinción de dominio llevado a cabo en febrero de 2024, la Fiscalía General de la Nación confiscó un total de 45 bienes pertenecientes a Andrés Mauricio Vélez Hernández. Según informó el ente investigador en su momento, el valor estimado de estas propiedades asciende a 70.000 millones de pesos colombianos.
De acuerdo con declaraciones de Luz Ángela Bahamón Flórez, entonces delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía, los bienes expropiados incluían 32 inmuebles rurales, cinco propiedades urbanas, cinco vehículos y tres sociedades comerciales. Estas propiedades, según las investigaciones, formaban parte del patrimonio ilícito acumulado por Vélez Hernández a través de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Los bienes afectados por las medidas cautelares están distribuidos en varias regiones del país, incluyendo Rionegro (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), Albania y Curillo (Caquetá), Pereira (Risaralda) y Cali (Valle del Cauca).
Según detalló la Fiscalía en su momento, algunas de estas propiedades destacan por su lujo, al contar con instalaciones como piscinas y establos para animales, lo que evidencia el alto nivel de vida que mantenía el condenado gracias a sus actividades ilícitas.
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