Emergencia económica que declarará Petro por la fiebre amarilla podría llenar de impuestos a los colombianos: hay alerta

El 15 de abril, por medio de X, el presidente Gustavo Petro anunció que declarará emergencia sanitaria y económica en el país debido a los crecientes casos de fiebre amarilla que ya afectan varias regiones. Exactamente, en la red social escribió: “voy a decretar la emergencia económica, después de la sanitaria. Pero no por lo que dicen los contrabandistas, lavadores y petroleros que son los que vienen dominando la política económica de Colombia, sino por algo simple y contundente: la vida”.

Reconoció que Colombia está de nuevo ante un virus: “Se trata del virus de la fiebre amarilla desatado por el mosquito hembra llamado Aedes Aegypti. Solo es transmisible por el mosquito y ya existe vacuna y estas son nuestras ventajas únicas”, escribió entre otras cosas en un extenso mensaje.

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Por supuesto, la medida empezó a generar polémica entre varios sectores. Incluso, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo a RCN Radio que la medida es algo “innecesario” y advirtió que “sería declarada inconstitucional”.

A su vez, representantes de los gremios económicos, como el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, adujeron que “es bueno recordar que la Semana Santa debe servir como un tiempo de reflexión y no de delirio”.

También en X, el dirigente gremial expuso que los estados de excepción no pueden convertirse en cotidianos. Además, que el gobernante de turno debe justificar la declaratoria y él y su equipo deberán responder cuando los declaren sin que existan los motivos que exige la Constitución.

“La emergencia económica no sirve para nutrir con nuevos impuestos un presupuesto en números rojos, como consecuencia de la ineficiencia, el derroche, la corrupción y los altos costos burocráticos”, advirtió el vocero de los comerciantes.

Insistió en que ser elegido en democracia no otorga privilegios, sino que, al contrario, impone deberes de respeto, responsabilidad y sujeción a la Constitución y la ley.

Señaló que “cada gran fracaso del Gobierno, cada error, cada escándalo merece un acto de contrición y la expresión creíble de que no se repetirá”. De igual manera, que echarle la culpa a otros funcionarios e, incluso, a otras ramas del poder para no asumir la responsabilidad, no contribuye a las soluciones y, en cambio, enrarece aún más el ambiente.

Lamentó que los colombianos que tienen que endeudarse para pagar impuestos están cansados de discursos de odio, de promesas irrealizables e incumplidas que se diluyen con frases de cajón, lugares comunes y citas de hechos históricos que nunca sucedieron; mientras se concretan nuevos impuestos, esos sí muy reales.

“Colombia es un país con tradición democrática y de buen manejo de las finanzas públicas y no podemos permitir que se pierda lo uno, ni lo otro. Es momento de empezar a pensar, seriamente, en la necesidad de un cambio de rumbo de Colombia a partir del 2026″, finalizó el presidente de Fenalco, Jaime Cabal.

Otro que se refirió al asunto fue el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Al exfuncionario le pareció curioso lo que explicó Petro al anunciar que declarará la emergencia económica y sanitaria.

“Es curioso. Nunca había visto una ‘justificación’ para una emergencia sanitaria y económica con un tono tan novelesco y carente de rigor técnico en su análisis de causas y consecuencias, pero, sobre todo, que se dedica a atacar actores distintos al gobierno nacional a diestra y siniestra”, explicó.

Según él, todo, además adobado con una declaración de noviembre de 2024 y ratificada en marzo de 2025, donde el propio jefe de Estado señala públicamente que el problema del “virus” ya había sido resuelto por el Gobierno nacional.

Puntualizó que en abril todo cambió y ahora viene la búsqueda de responsables y una “emergencia” económica para recaudar más dinero por la vía de aumentar las retenciones en la fuente. Entonces, esa misma política que el jefe de Estado criticó como inconveniente cuando el mismo Gobierno la aplicó en 2023.

“Justo por esto es que se caen esas declaratorias de excepcionalidad. Porque el primer paso es siempre diseñarlas con rigor, tener claro los hechos sobrevinientes realmente, tener claridad sobre lo que se va a hacer y su correlación con los hechos, y claramente no convertir la decisión en un ring de boxeo para descalificar actores o en una estrategia de confrontación política”, finalizó el exfuncionario.