Autorizan a la Fiscalía a rastrear celulares y movimientos financieros de Carlos Ramón González, exdirector del departamento de la Presidencia, por escándalo en la Ungrd

La Fiscalía General de la Nación obtuvo autorización judicial para avanzar con la búsqueda selectiva de información en los dispositivos móviles de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

González es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La medida fue avalada por el magistrado Luis Enrique Bustos Bustos, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien consideró que las diligencias solicitadas por el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, cumplen con los requisitos constitucionales y legales.

“Se acataron cabalmente los postulados constitucionales y legales”, señaló el magistrado en su decisión.

La Fiscalía argumentó la urgencia de acceder a registros de llamadas, mensajes de datos, ubicación geográfica y otros elementos digitales asociados al exdirector del Dapre.

El objetivo es establecer si existen elementos suficientes para imputarle cargos por el delito de tráfico de influencias, en el marco de un presunto entramado de corrupción que involucra millonarios contratos asignados desde la Ungrd.

Además del análisis de sus teléfonos, las autoridades ordenaron rastreos financieros, revisión de cuentas bancarias y registros migratorios de González.

Según reportó RCN Radio, existe sospecha de que el exfuncionario podría haber salido del país y estaría buscando asilo político en España, motivo por el cual también se le impuso una medida de arraigo.

Uno de los hechos más relevantes que investiga la Fiscalía ocurrió en septiembre de 2023, cuando, según declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, González le habría dado instrucciones en una reunión en la Casa de Nariño para direccionar contratos por 70.000 millones de pesos.

De esa suma, 60.000 millones habrían beneficiado al senador Iván Name y 10.000 millones al representante a la Cámara Andrés Calle.

Las autoridades también señalan que se habrían autorizado pagos adicionales de 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, en el marco de una estrategia que buscaba asegurar apoyo político a las reformas del Gobierno en el Congreso.

Otro de los episodios clave en la investigación ocurrió el 25 de septiembre de 2023, cuando se realizó un desayuno en la suite 2312 del Hotel Tequendama, residencia de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz.

Según la Fiscalía, en la reunión participaron Olmedo López y el senador Iván Name, y se discutió una adición presupuestal de 11.000 millones de pesos a un contrato de obra en el municipio de Repelón, Atlántico. Todo esto, bajo instrucciones directas de González.

De acuerdo con el expediente, González también habría pedido a Ortiz coordinar reuniones con otros implicados en el caso, incluyendo la planeación de los contratos y su ejecución.

El abogado de González, Iván Cancino, negó las acusaciones y aseguró que hasta ahora no hay evidencia que vincule directamente a su cliente con los hechos investigados.

“La noticia es: magistrado avala informe sobre búsqueda selectiva de datos de compañías celulares de Carlos Ramón González, en la cual no encontraron nada de nada”, escribió el penalista en su cuenta de X.

El escándalo de corrupción en la Ungrd ha tenido un profundo impacto político, al tocar a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro.

Los exfuncionarios citados son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y Crédito Público; Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo; y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.

La citación se da en el contexto de una investigación que también involucra a cinco congresistas y un excongresista, quienes habrían aprovechado su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) para emitir conceptos favorables a cambio de beneficios económicos.

La Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios que podrían llevar a nuevas imputaciones, mientras crecen los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en una de las entidades más sensibles del Estado colombiano.