
Deuda pública, gasto sectorial y manejo presupuestal en Colombia son asuntos que generan alarma en Colombia, debido a la debilidad que hay en las finanzas del Gobierno nacional, cuyo déficit fiscal registra números históricos. Por eso mismo hay fuertes inquietudes frente al incremento de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y la falta de una estrategia clara para financiar los compromisos adquiridos.
Ante la situación, Infobae Colombia consultó al director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, que dejó en evidencia inconsistencias en la planeación presupuestal, la poca eficacia en la ejecución y la insuficiencia de giros adecuados hacia sectores prioritarios. Por eso, insistió en la importancia de mayores explicaciones del Gobierno y de una supervisión más estricta en áreas críticas como salud.
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Advirtió que lo que más preocupa es que no hay de dónde financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN). Al respecto, enfatizó que se necesita una discusión fiscal seria sobre el déficit, la sostenibilidad de la deuda y los sectores prioritarios en el gasto público.

Un punto central del análisis fue el crecimiento, precisamente, del PGN y la ejecución de este. El experto recordó que el presupuesto colombiano pasó de $350 billones en 2018 a $511 billones en 2025, lo que representa un aumento demasiado alto. Sin embargo, el incremento no benefició de manera equitativa a todos los sectores.
“A Colombia le falta justicia, pero el sector justicia no ha aumentado tanto su gasto como el presupuesto general de la Nación”, expresó tras la conferencia Evolución reciente del gasto fiscal por sectores que hizo en el XIII Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe desarrollado en la Universidad de La Salle. Por otro lado, destacó que sectores como salud registraron mayores inversiones desde la pandemia del covid-19, aunque antes no se les destinaban suficientes recursos.
Distribución de los recursos entre los sectores
Salazar también hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre cómo se distribuyen los recursos entre sectores. El experto resaltó la necesidad de priorizar áreas críticas como la justicia, el desarrollo rural y la salud. “Si creemos que un problema del país es la justicia, hay que darles más plata a las fiscalías. Si lo más relevante es el desarrollo rural, entonces hay que invertir más en el sector rural”, sugirió.

Precisamente, el sector salud fue tema de análisis profundo. Salazar indicó que, aunque este sector creció en proporción al aumento del Presupuesto General de la Nación (PGN), enfrenta retos notables. “Desde 2022, las cuentas de salud comenzaron a direccionarse hacia un rubro llamado Apoyo Territorial de la Ley 100, un aumento de casi $4 billones”, detalló, pero lamentó que otros ajustes, como el de la unidad de pago por capitación (UPC), no crecen al ritmo de las demandas del sistema.
El tema de la UPC es una de las principales críticas de los gremios, quienes solicitan mayores incrementos. Salazar reconoció que estos argumentos tienen fundamentos: “Según lo que hemos visto, tienen razón los gremios, pero si el Gobierno desconfía de lo que reportan las EPS e IPS, por lo que debe haber una regulación mucho más efectiva”, aseveró el académico.
Además, explicó que el envejecimiento de la población y la aparición de brotes inesperados, como el covid-19 en zonas específicas, generan mayores costos que deben ser revisados de manera exhaustiva por la Superintendencia de Salud (Supersalud).

Rezago en la ejecución del PGN
Otro aspecto fundamental abordado el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana fue la baja ejecución presupuestal. Salazar calificó el desempeño de 2024 como crítico, con sectores clave como la Presidencia de la República, Agricultura y Ambiente que mostraron las tasas de ejecución más bajas.
“Este es un gobierno que ha hecho demasiados anuncios, pero si uno ve cómo ejecutan esos rubros, están entre los de peor ejecución de todo el PGN”, resaltó. También dijo que faltan explicaciones del Gobierno sobre estos desfases. También habló del manejo del recaudo tributario y lamentó que, entre 2023 y 2024, los ingresos tributarios cayeron en $18 billones, lo que representa cifras históricamente bajas.
“El Gobierno utilizó esa caída para argumentar que no esperaba una reducción en los ingresos, aunque resulta cuestionable que los pronósticos iniciales se desfasen tanto”, destacó el economista, que además advirtió sobre un rezago presupuestal de cerca de $60 billones, el doble que en el año anterior.
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