Asumió el nuevo representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia: de quién se trata

A partir del miércoles 2 de abril del 2025, el ciudadano norteamericano Scott Campbell llegó a ocupar el cargo de representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo con un comunicado oficial de las Naciones Unidas, el funcionario cuenta con más de 30 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, de los cuales 19 han sido dentro del sistema de la ONU. Ahora, Campbell llega al país con el compromiso de fortalecer la promoción y protección de los derechos fundamentales.

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“Es un privilegio acompañar al pueblo de Colombia y a sus autoridades en sus esfuerzos por el respeto de los derechos humanos de todas y todos en este bello país”, expresó a su llegada, con unas palabras en las que indicó una fuerte disposición para trabajar de manera cercana con las instituciones y la sociedad civil.

La trayectoria de Scott Campbell en derechos humanos se inició cuando fue voluntario en temas de salud en la República Centroafricana y, posteriormente, en Nicaragua. Más adelante, se incorporó a la ONU como jefe de la Sección de África en la Oficina del Alto Comisionado, donde supervisó el trabajo de las oficinas de terreno en ese continente.

De acuerdo con el comunicado, entre 2011 y 2014, ejerció como representante del Alto Comisionado en la República Democrática del Congo, acumulando una vasta experiencia en África Central.

Además de su trabajo en el continente africano, Campbell ha desarrollado iniciativas en América Latina y Asia, en cooperación con organizaciones como Human Rights Watch y The International Human Rights Law Group. Su labor lo llevó a trabajar con comunidades afrodescendientes en Colombia, para fortalecer su conocimiento sobre la realidad del país y sus desafíos en materia de derechos humanos.

Antes de su llegada a Colombia, se desempeñó como director del Equipo de Derechos Humanos y Tecnología Digital en Ginebra, Suiza, dentro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde abordó los retos y oportunidades del entorno digital en la protección de los derechos fundamentales.

Scott Campbell, de nacionalidad estadounidense e irlandesa, cuenta con un Máster en Asuntos Internacionales y un Máster en Salud Pública de la Universidad de Columbia.

El pueblo indígena U’wa, ubicado en el oriente de Colombia, ha logrado un fallo histórico tras casi tres décadas de lucha. El 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que responsabiliza al Estado colombiano por múltiples violaciones a los derechos humanos de esta comunidad.

Según informó Mongabay Latam, el tribunal internacional determinó que el Estado vulneró derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano, la propiedad colectiva, la consulta previa, la participación política, la vida cultural y la protección judicial, entre otros.

La sentencia, contenida en un documento de más de 200 páginas, también reconoció que las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el territorio U’wa se realizaron sin consulta previa, libre e informada, lo que afectó gravemente la vida y la cultura de esta comunidad.

Desde los años 90, los U’wa han denunciado la presencia de proyectos extractivos en su territorio, que se traslapa con el Parque Nacional Natural El Cocuy y con bloques de petróleo y gas de gran interés para la industria colombiana.

De acuerdo con el medio, esta decisión de la Corte IDH no solo representa una victoria para los U’wa, sino que también establece un precedente para otros pueblos indígenas en Colombia y América Latina. El abogado U’wa Juan Gabriel Jerez Tegria destacó que el fallo obliga al Estado colombiano a cumplir con varias medidas en un plazo de dos años.

Entre estas, se incluye la titulación del territorio indígena, la clarificación de títulos coloniales y la realización de procesos de participación para los proyectos extractivos vigentes. Además, el Estado deberá garantizar que las actividades en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no afecten el ejercicio de los derechos culturales de esta comunidad.