
Un operativo realizado en la madrugada del jueves 13 de marzo marcó el inicio del traslado de siete reclusos de la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia los Estados Unidos, donde son requeridos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según informó El Tiempo, entre los extraditables figura José Ramiro Cárdenas Iguarán, alias Titi Iguarán, un reconocido líder del narcotráfico en Colombia, cuya influencia se extiende desde la producción de cocaína en el Catatumbo hasta su distribución en Europa y Estados Unidos.
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Este caso, sin embargo, no solo pone en evidencia la magnitud de su red criminal, sino también las irregularidades y privilegios que se han descubierto en el sistema penitenciario colombiano.
De acuerdo con el medio mencionado, los siete reclusos trasladados incluyen a Milton Orlando Ríos Silva, Jair Alberto Álvarez Valenzuela, Heymer Angulo Mosquera, Jordao Tejedor Silva, Rosbin Leonardo Duarte, Luis Carlos Díaz Martínez y José Ramiro Cárdenas Iguarán. Este último, conocido como “Titi Iguarán”, es señalado como uno de los narcotraficantes más influyentes de la región de La Guajira y el Cesar.

Su captura, ocurrida en julio de 2021 en Valledupar, fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA, tras más de tres años de seguimiento.
Según detalló Radio Guatapurí, “Titi Iguarán” lideraba el Clan Iguarán, una organización que producía hasta cuatro toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. La droga era transportada desde el Catatumbo hasta la alta Guajira, donde se embarcaba en lanchas rápidas y barcos pesqueros hacia destinos como Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana, antes de ser enviada a Europa y Estados Unidos. Además, mantenía alianzas estratégicas con grupos armados como el ELN, los Pachencas y el Clan del Golfo, quienes le brindaban protección en sus operaciones.
El alcance de las actividades de “Titi Iguarán” no se limitaba al tráfico de drogas. Según La Opinión, su organización también operaba oficinas de cobro que utilizaban amenazas para garantizar el cumplimiento de los envíos y pagos de cargamentos. Asimismo, empleaba empresas fachada, como supermercados, droguerías y oficinas de préstamos, para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas.
Las autoridades han estimado que los bienes de “Titi Iguarán”, entre los que se incluyen fincas, apartamentos, hoteles, vehículos y embarcaciones, tienen un valor superior a los 400.000 millones de pesos. Además, su influencia se extendía a la música y la política local. Según Radio Guatapurí, varios artistas vallenatos lo mencionaban en sus canciones, y se le atribuye haber financiado campañas políticas en el Cesar y La Guajira durante las elecciones de 2018.

Mientras se preparaba su extradición, un hallazgo en el pabellón de alta seguridad de La Picota reveló un sistema de privilegios que pone en entredicho la integridad del sistema penitenciario. Según Semana, se descubrió la existencia de un “restaurante VIP” dentro del penal, donde los reclusos de alto perfil, incluidos narcotraficantes y extraditables, disfrutaban de un menú gourmet que incluía langosta, salmón, hamburguesas de marcas reconocidas, vino y carne de mico.
Este servicio exclusivo era posible gracias a fundaciones que, bajo el pretexto de realizar labores humanitarias durante la pandemia de Covid-19, obtenían permisos para ingresar alimentos al penal. Según Caracol Radio, las cajas con estos productos eran entregadas al pabellón de extraditables, donde un grupo de internos capacitados como chefs se encargaba de preparar los platos según los pedidos de los reclusos.
El esquema funcionaba con la creación de fundaciones que obtenían certificaciones y permisos para ingresar alimentos al penal. Según Semana, estas organizaciones eran financiadas por los mismos reclusos de alto perfil, quienes también aportaban los recursos necesarios para mantener el servicio. Una vez dentro de la cárcel, los alimentos eran almacenados en el rancho del pabellón y preparados por los chefs carcelarios, quienes además atendían a más de 300 internos.
El Inpec ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades en este caso. Según el medio, las cajas con alimentos exóticos tenían códigos que solo los internos conocían, lo que dificultaba identificar a los responsables. Aunque el transporte de estos productos no constituye un delito, las autoridades buscan esclarecer cómo se permitió su ingreso y quiénes se beneficiaron de este sistema.

El descubrimiento del restaurante VIP es parte de los resultados obtenidos por el Grupo de Operaciones Especiales (Grope) del Inpec, una unidad creada para combatir la corrupción en las cárceles del país. Según Semana, este grupo, compuesto por más de 100 hombres en Bogotá, realiza inspecciones itinerantes en penales como La Picota y La Modelo, con el objetivo de incautar elementos ilegales y prevenir irregularidades.
En los últimos meses, el Grope ha encontrado desde estupefacientes y armas hasta dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. En el caso del restaurante VIP, el grupo logró desmantelar la fachada de las fundaciones y sellar el servicio gourmet que beneficiaba a los extraditables.
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