
Luego de ocho años de pertenecer al principal tribunal del país, el exmagistrado Antonio José Lizarazo, que recientemente culminó su periodo en la Corte Constitucional, expresó profundas preocupaciones sobre el estado actual del Acuerdo de Paz y la creación de la jurisdicción agraria.
En una entrevista concedida a la revista Cambio, Lizarazo señaló por primera vez, sin el peso del cargo que tenía a cuestas, que el Gobierno ha incumplido de manera grave los compromisos adquiridos con los firmantes del acuerdo, especialmente en temas de seguridad, y calificó como inadmisible el asesinato de más de 450 excombatientes. Además, advirtió que la jurisdicción agraria, tal como se está planteando, no resolverá los problemas históricos de acceso a la tierra en el país.
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“Está demostrado en las sentencias cómo se ha incumplido de manera sistemática. Incluso, la última sentencia que declara el Estado de Cosas Inconstitucional sobre la seguridad de los firmantes de paz es de hace tres años y todavía hoy se sigue incumpliendo. Es algo intolerable. La sociedad colombiana no puede aceptar que eso siga ocurriendo, que esté ocurriendo lo del Catatumbo, a pesar de todas las advertencias”, comentó el exmagistrado.
Lizarazo destacó que el incumplimiento del Acuerdo de Paz no solo afecta a los firmantes, sino que también perpetúa problemas estructurales en Colombia. También recordó que la seguridad de los excombatientes fue un tema central durante las negociaciones, debido al temor de que se repitieran hechos como los ocurridos con la Unión Patriótica.

En otro apartado de la entrevista otorgada a Cambio, Lizarazo analizó la relación entre el Gobierno y la justicia, señalando que las reacciones del presidente Gustavo Petro ante decisiones judiciales han sido problemáticas.
Según el exmagistrado, es legítimo que los actores públicos cuestionen las decisiones judiciales, pero esto debe hacerse con argumentos jurídicos y no a través de los medios de comunicación con fines políticos.
Lizarazo calificó como irrespetuosa y tergiversadora la reacción del presidente Petro ante la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad, argumentando que no cumplía con las reglas del procedimiento legislativo.
“Ese cuento de que ‘es que ejerzo mi libertad de expresión’ es inadmisible en un servidor público. Por supuesto que tiene libertad de expresión, pero no puede hacer uso de ella para maltratar, afectar, amenazar o vulnerar los derechos de las personas. Ya hay sentencias muy importantes del Consejo de Estado que le han ordenado al presidente corregir ciertas manifestaciones hechas a través de redes sociales respecto de personas y periodistas y eso es importante”, señaló Lizarazo a la revista.

El exmagistrado también recordó que este tipo de tensiones no son exclusivas del actual Gobierno. Durante el mandato del expresidente Iván Duque, hubo críticas similares hacia la Corte, como cuando se cuestionó la decisión sobre la despenalización del aborto hasta la semana 22 de embarazo. Sin embargo, Lizarazo destacó que las reacciones de Duque no fueron tan sistemáticas como las de Petro.
Incluso, el exmagistrado advirtió que las expresiones de Gustavo Petro han afectado negativamente la percepción pública de la Corte Constitucional. Según Lizarazo, las declaraciones del presidente Petro han contribuido a generar la idea de que las decisiones del alto tribunal están motivadas por intereses políticos, lo que afecta la legitimidad de la institución.
“Es importante proteger la percepción que se tiene del tribunal porque al fin y al cabo las decisiones que se van a tomar deben estar revestidas de legitimidad y se pierde legitimidad cuando se infunde la idea de que los magistrados o la corporación actúan en representación de intereses políticos. Eso no es cierto”, señaló el exmagistrado.
En este contexto, Lizarazo también se refirió a la elección de Miguel Polo Rosero como su sucesor en la Corte. Aunque algunos han señalado que nuevo magistrado es cercano al presidente Petro, Lizarazo desmintió esta percepción, destacando la trayectoria de más de 20 años de Polo Rosero como magistrado auxiliar.
“Miguel Polo, como usted dice, lleva más de 20 años en la Corte. Fue magistrado auxiliar de Luis Guillermo Guerrero, de Alejandro Linares y lo encontró Vladimir Fernández en el despacho. Luego, pretender establecer esas conexiones por el hecho de que estaba en un despacho, eso le hace mucho daño a la corporación. Además, es injusto. No es cierto”, comentó.
Finalmente, Lizarazo hizo énfasis en que el cumplimiento del Acuerdo de Paz es una obligación constitucional, independientemente del gobierno de turno.
Recordó que el acuerdo fue renegociado tras el plebiscito de 2016 y que su implementación está respaldada por un diseño constitucional que obliga a los gobiernos a actuar de buena fe.
Según el exmagistrado, desconocer el acuerdo no solo sería inconstitucional, sino que también perpetuaría los problemas estructurales que el acuerdo busca resolver.
“Hay un acto legislativo que dice que es obligación cumplir de buena fe el acuerdo. Es decir, que es una obligación constitucional. Luego, no es que yo llego y digo: “No cumplo”. No. Hay sentencias de Estado de Cosas inconstitucional y si tramitan una ley que desconoce los contenidos del acuerdo, será declarada inexequible por la Corte. Acá hay un diseño constitucional de cumplimiento del acuerdo, porque este, a diferencia de lo que muchos creen, no es un acuerdo para las Farc, sino para resolver problemas estructurales de Colombia”, concluyó Antonio Lizarazo en Cambio.
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