Sandra Rodríguez afirmó que el “estallido democrático” es promovido por políticos que provocaron los ‘falsos positivos’

En la mañana del 19 de febrero de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó cargos a más de cuarenta integrantes de las Fuerzas Militares por crímenes de guerra cometidos entre 2004 y 2007, específicamente a la desaparición forzada de 442 colombianos, casos conocidos como falsos positivos.

El general Óscar Enrique Peña y otros generales en retiro como Luis Roberto Pico Hernández y Juan Carlos Pisa Gaviria tienen responsabilidad en la desaparición de personas, mismas que fueron reportadas como bajas en combate contra grupos armados ilegales.

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“Pudimos establecer que estos generales pusieron en marcha una política de facto. No era una política de Estado, sino una política aplicada en la práctica, en la realidad de los teatros de operaciones, una política que privilegiaba el conteo de cuerpos del supuesto enemigo caído en combarte como el único indicador real del éxito militar”, indicó la magistrada Catalina Díaz en entrevista con Caracol Radio.

Ante esta noticia, la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez reaccionó afirmando que los colombianos asesinados entre 2004 y 2007 fueron víctimas de una política de seguridad democrática impulsada por los mismos legisladores que hoy son oposición y que han propuesto un “estallido democrático”.

En su cuenta de X, la viuda de Mario Antonio Marín, más conocido como alias Manuel Marulanda, llamó la atención de sus seguidores afirmando que los altos generales, hoy imputados, siguieron las reglas de las políticas de seguridad.

“¡Ojo! Los que hoy en campaña política convocan un “Estallido Democrático”, son los mismos que en el pasado ejecutaron la política de Seguridad Democrática que dejó más de 6.402 falsos positivos y que hoy altos mandos del ejercito que cuentan la crueldad de esas órdenes son imputados por la JEP“.

La senadora se refiere al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en sus redes sociales convocó a un movimiento político que cambiara el rumbo legislativo de cara a las elecciones de 2026.

Cabe destacar que, tanto Uribe como la derecha política del país, ha realizado una férrea oposición a Gustavo Petro y entre sus propuestas de cara a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año, se encuentran políticas de seguridad que mejoren la calidad de vida de los colombianos.

Y es que crisis como la que se registra hoy en la región de El Catatumbo o en el sur del Chocó, dan cuenta del poderío que los grupos armados ilegales tienen en la actualidad.

Desde que se firmó el acuerdo de paz y Juan Manuel Santos partió del poder, las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo han aumentado su presencia hasta en 300 departamentos, según cifras publicadas por Indepaz, ocupando territorios en común en el occidente y oriente del país y llevando a cabo enfrentamientos que ponen en riesgo la seguridad de los colombianos habitantes en esta parte de Colombia.

Otras de las medidas que propone la derecha colombiana es poner en marcha políticas públicas en pro de la economía para los más desfavorecidos. Según dijo Álvaro Uribe en un video publicado el 16 de febrero de 2025, las medidas de Gustavo Petro han afectado a los más necesitados, puesto que las medidas económicas han afectado sus finanzas.

En la audiencia llevada a cabo en la mañana del 19 de febrero de 2025, la JEP imputó cargos de lesa humanidad contra cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la Brigada IV del Ejército por ‘falsos positivos’ perpetrados a cabo en Antioquia entre 2004 y 2007, según la página oficial de la JEP.

Cabe destacar que, los resultados que obtuvo esta institución al investigar este delito cometido por miembros de las fuerzas del Estado dan cuenta de 6.402 colombianos afectados directamente por las medidas de seguridad aplicadas cuando Álvaro Uribe era el primer mandatario de Colombia.