Denuncian que el Gobierno Petro conocía de la alianza criminal entre el ELN y el cartel de Sinaloa desde 2023: este documento lo probaría

La guerra de poder entre guerrilleros, disidencias y organizaciones criminales en la región del Catatumbo sigue intensificándose. A la creciente violencia que afecta a la población civil, se suma ahora una revelación alarmante. Un documento filtrado por el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque sugiere que el Gobierno nacional conocía desde 2023 de una peligrosa alianza criminal entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cartel de Sinaloa.

Esta información, proveniente de un reporte de la Policía Antinarcóticos, deja en evidencia el creciente control de los grupos armados organizados sobre las rutas de tráfico de drogas en el país, con la complicidad de actores internacionales.

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El documento fechado en enero de 2023, advierte sobre una serie de alianzas criminales internacionales entre los actores más peligrosos de Colombia. El informe menciona explícitamente la relación entre el ELN y el cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo. Según el texto, estos grupos estarían intercambiando cocaína por armamento especializado, lo que evidencia la peligrosidad y el fortalecimiento de estos actores en el país.

De acuerdo con el informe, las organizaciones como el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos, el ELN y las disidencias de las Farc estarían desestabilizando a Colombia mediante acciones terroristas y la diversificación de rentas ilícitas en zonas estratégicas. Además, el reporte alerta sobre el dinamismo del mercado de la cocaína en Colombia, en el que los Grupos Armados Organizados (GAO) se han convertido en actores clave, ejerciendo control sobre las zonas de cultivo ilícito y colaborando con organizaciones internacionales para enviar estupefacientes al exterior.

“Los Grupos Armados Organizados - GAO, son los principales actores dinamizadores del Sistema de las Drogas Ilícitas”, señala el documento, que ha generado una gran preocupación sobre la capacidad de estos actores para coordinar y fortalecer su presencia en distintas regiones del país, mientras el Gobierno, a pesar de contar con esta información, parece haber tenido dificultades para frenar el avance de estos grupos.

En medio de este panorama de alianzas criminales, la situación en el Catatumbo, región ubicada en el departamento de Norte de Santander, se ha vuelto aún más crítica. La violencia generada por el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc ha obligado a más de 12.000 personas a abandonar sus hogares. El desplazamiento masivo ha afectado gravemente a la población civil, que se ve atrapada en medio de los conflictos armados y la creciente violencia de los grupos criminales.

El 22 de enero, un informe de inteligencia del Ejército Nacional reveló que al menos 80 guerrilleros del ELN, junto con menores de edad, cruzaron la frontera hacia Venezuela en una operación para fortalecer su presencia en el Catatumbo. El informe, citado por Noticias RCN, señala que los insurgentes viajaron por los estados venezolanos de Táchira y Zulia, antes de ser recibidos por miembros del Frente Efraín Pabón en territorio colombiano. Esta incursión en territorio colombiano tiene como objetivo reforzar la presencia del ELN en la región y disputar el control territorial con otros grupos armados.

Un aspecto particularmente alarmante del informe es la inclusión de menores de edad en las operaciones del ELN. El reporte menciona que más de 15 jóvenes, algunos de entre 14 y 16 años, fueron seleccionados y entrenados específicamente para participar en las actividades del ELN en el Catatumbo. Estos adolescentes, que habían sido sometidos a un entrenamiento especializado en el manejo de armas y explosivos, son testigos de cómo las organizaciones criminales están utilizando a las nuevas generaciones como piezas clave en sus planes expansionistas.

Esta situación pone de manifiesto el uso indebido y el reclutamiento forzado de menores en los conflictos armados del país, lo que representa una violación flagrante de los derechos humanos. Mientras tanto, la población civil continúa siendo la más afectada por estos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que, lejos de cesar, siguen avanzando y ganando terreno en regiones claves del país.