Denuncian despido masivo en la SAE, 57 trabajadores se quedaron sin trabajo: “Masacre laboral”

Amelia Pérez, abogada que fue ternada para ser fiscal General de la Nación, llegó a ocupar la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el 5 de diciembre de 2024. Apenas 15 días después de su posesión, que hizo ante el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, se conoció una denuncia relacionada con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de la entidad.

De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), 57 personas fueron despedidas; la mayoría de ellas estaban en periodo de prueba. Debido a la cantidad de empleados que se quedaron sin trabajo, la CUT catalogó su despido como un “atropello” y como una “masacre laboral”, teniendo en cuenta la época de Navidad y lo que implica en términos de gastos para las familias.

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En redes sociales, un líder social y activista político identificado como Alejandro Mejía Cárdenas compartió la captura de pantalla del correo electrónico que presuntamente recibieron las personas desvinculadas: “De antemano queremos agradecerle por el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a la entidad. En el presente correo remito carta de terminación unilateral del contrato de trabajo durante el periodo de prueba. A continuación, le indicamos los pasos que deberá realizar, teniendo en cuenta su desvinculación”, se lee en el texto.

Por medio de un comunicado, la CUT advirtió sobre las graves consecuencias para las familias afectadas por la decisión de despedir a los trabajadores y trabajadoras, que tenían la esperanza de laborar en la entidad y de poder garantizar ingresos adicionales para ellos y sus allegados.

Asimismo, cuestionó la promesa de cambio que hizo el presidente Gustavo Petro desde su campaña electoral en 2022, que no se estaría viendo reflejada en la realidad laboral de las personas despedidas. Desde su perspectiva, los derechos laborales de los ciudadanos no están siendo protegidos, como se esperaba que pasara con la llegada del primer Gobierno progresista y de izquierda del país.

En consecuencia, instó a la dirección de la entidad a recontratar a los empleados e informó que pedirá al Ministerio del Trabajo la verificación de los hechos. “La CUT hace un llamado a la dirección de la SAE a reconsiderar dicha decisión y por tal proceder a reintegrar a dichos trabajadores. La CUT pondrá en conocimiento del Ministerio del Trabajo estos atropellos y velará por la estabilidad laboral de los demás trabajadores”, precisó la CUT en el comunicado.

De acuerdo con el Sindicato Popular de Trabajadores de la SAE (Siptrasae) y el Sindicato Democrático Pluralista Popular (Sideppo), los despidos fueron anunciados el 20 de diciembre de 2024 y, al parecer, se efectuarán de manera irregular. Esto pasó después de que los empleados solicitaran información sobre pagos de sus salarios que estaban incompletos.

“En horas de la mañana, ante la zozobra por el pago incompleto del salario, se informó a varios trabajadores/as de manera verbal que esta situación se debía a un error en la Dirección Financiera, por lo que esperábamos que en el transcurso del día se realizaran las correcciones correspondientes. Al finalizar el día, recibimos con decepción la noticia de una masacre laboral irregular, masiva, sistemática”, indicaron los sindicatos en un comunicado.

Presuntamente, las desvinculaciones no habrían cumplido los procedimientos internos de la entidad ni los requisitos para garantizar un correcto empalme de los puestos. Tampoco habrían respetado los cargos asistenciales ni habrían tenido en cuenta a las personas de servicios generales que son cabeza de familia. Esto implica una pérdida de recursos en plena temporada navideña para decenas de hogares.

Los trabajadores despedidos, en su mayoría, estaban celebrando que por primera vez tenían un contrato formal y digno. Además, llegaron desde otros lugares del país y renunciaron a otros empleos con el fin de vincularse laboralmente en la SAE.

“No esperábamos que con este nuevo cambio de administración se tomaran este tipo de acciones, teniendo en cuenta que se ha trabajado fuertemente por la dignificación de los derechos laborales de lasos colombianos (...). Le exigimos a la presidenta Amelia Pérez reconsiderar esta decisión y tomar medidas para subsanar el daño generado”, indicaron.