Sigue la controversia por la prohibición de la venta de aguardiente: veto se mantiene hasta el 2025

La Corte Constitucional de Colombia enfrenta un dilema sobre la regulación del mercado de aguardiente en el país. La decisión sobre si mantener o eliminar el poder de veto que permite a los departamentos prohibir la venta de aguardiente de otras regiones ha sido postergada hasta 2025.

Este poder, establecido en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, ha sido utilizado por departamentos como Cundinamarca para proteger su mercado local, bloqueando la entrada de productos como el aguardiente Amarillo de Manzanares, producido por la Licorera de Caldas.

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El debate se intensificó cuando Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y abogado de la Licorera de Caldas, presentó una demanda ante la Corte Constitucional para anular esta ley. La Sala Plena de la Corte, sin embargo, no logró un consenso sobre el tema, lo que llevó a la designación de un conjuez para resolver el asunto.

La discusión sobre el veto al aguardiente es de gran interés para los departamentos, ya que implica un cambio significativo en el mercado de esta bebida alcohólica. Mientras que Caldas apoya la eliminación del veto, otros departamentos y licoreras defienden su mantenimiento como una medida para proteger sus economías locales.

Cundinamarca, por ejemplo, ha argumentado que los ingresos generados por la venta de aguardiente en el departamento entre 2014 y 2023 alcanzaron los 1,5 billones de pesos, con utilidades de 230.454 millones de pesos para la Empresa Licorera de Cundinamarca.

El gobernador Jorge Rey expresó que sin medidas de protección, muchas licoreras departamentales podrían enfrentar la extinción, no por ineficiencia, sino debido a la incapacidad de competir con empresas que cuentan con presupuestos significativamente mayores. Esta postura refleja la preocupación de varios departamentos por las implicaciones económicas que tendría la eliminación del veto.

La decisión final sobre este tema, que podría redefinir el mercado del aguardiente en Colombia, dependerá del análisis y fallo del conjuez designado. Mientras tanto, el debate continúa siendo un punto de tensión entre los intereses económicos regionales y la búsqueda de un mercado más abierto y competitivo.

La Ley 1816 de 2016 en Colombia ha generado controversia debido a su impacto en la competencia del mercado de licores destilados. Esta normativa, que establece un monopolio rentístico sobre la producción y distribución de estos productos, ha sido objeto de críticas por fomentar un entorno de competencia desleal. La ley permite que el Estado explote de manera exclusiva, ya sea directamente o a través de terceros, la producción e introducción de licores destilados, lo que ha llevado a que las industrias licoreras locales prioricen sus productos y limiten la venta de otros aguardientes.

El objetivo principal de esta ley es generar recursos para los departamentos con fines sociales, como la financiación de servicios de educación y salud, y proteger la salud pública. Sin embargo, la implementación de este monopolio ha enfrentado desafíos significativos. Algunos departamentos han tenido dificultades para regular y fiscalizar efectivamente la producción e introducción de licores, lo que ha derivado en conflictos legales y administrativos.

Además, la ley ha sido criticada por su impacto económico negativo en pequeños productores y comerciantes que no pueden competir con las grandes industrias licoreras locales. Esta situación ha llevado a un aumento en el contrabando y la producción ilegal de alcohol.

En el ámbito legal, se han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Colombia. Estas demandas argumentan que la ley viola principios de legalidad y reserva de ley en materia tributaria. La regulación del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares también ha sido modificada, permitiendo la libre producción e introducción de vinos y aperitivos, aunque estos productos siguen sujetos al impuesto al consumo.

El Estado colombiano, a través de esta ley, organiza, regula, fiscaliza y vigila la producción e introducción de licores destilados. No obstante, la crítica persiste en torno a la competencia desleal y el contrabando, que son considerados como los principales problemas derivados de esta normativa.