La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés. Ambos habrían participado en la masacre registrada en Chimá, norte de Córdoba, donde fueron asesinados e incinerados el ganadero y empresario Esteban Urueta y sus empleados Fredy Beleño y Gerardo De los Santos Marzola, el 10 de septiembre de 2024.
El ente investigador publicó que los delitos por los que se judicializará a los hombres, presuntamente responsables, son los de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, hurto calificado agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Argumentos suficientes para ser considerados como peligrosos para la sociedad.
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La audiencia en contra de estos dos sujetos comenzó el miércoles 30 de octubre ante una jueza nueva, puesto que el anterior, titular del caso en el Juzgado Promiscuo Municipal de Chimá, tuvo problemas de salud que le impidieron llevar a cabo su labor.
El jueves 31 de octubre se registró la intervención de los representantes de las víctimas y miembros del Ministerio Público, con el fin de adjuntar argumentos que permitan a los demandantes, representados por los abogados Suley Rico y Erick Calderón, y la Fiscalía, lograr la cárcel para estos dos sujetos. Hacia el mediodía se solicitó la medida de aseguramiento para Petro y Soto.
Así fue la intervención del procurador
En su intervención, el procurador en representación de la entidad aseguró que los dos hombres acusados fueron vistos por un testigo, quien afirmó que ambos sujetos se estaban transportando en una moto enduro y en un caballo, llevando consigo envases plásticos de gaseosa. El Heraldo publicó que los investigadores consideran que los mencionados recipientes habrían sido utilizados para transportar la gasolina con la que posteriormente hicieron la quema de los cadáveres de Urueta y sus dos empleados.
El 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la tercera audiencia de este caso en los juzgados para escuchar a la defensa de los inculpados. El abogado Lesmer Quintero Argel será el encargado de representar los intereses de los dos hombres.
El caso
Es importante destacar que Cristian Petro y Esteban Urueta eran socios en la finca donde se cometieron los hechos. Todo inició luego de que Urueta se diera cuenta de que de que Petro le estaba dando un mal manejo económico a la sociedad; por lo que se reunió con Beleño y De los Santos, con quienes tenía una relación cercana, para ir a la finca en Chimá, ubicada en la Ciénaga de Oro.
Una vez se encontraron con Petro, se dirigieron a la finca en cuestión y desde entonces se perdió el rastro de los tres hombres, que empezaron a ser buscados por familiares del empresario y uno de los hijos de Beleño. Este último encaró al propio Petro, que lo engañó asegurando que no sabía nada de los extraviados.
Luego de 48 horas de búsqueda, se determinó que Urueta y sus amigos habían sido asesinados, pero los cuerpos no aparecían y las autoridades no los declaraban como tal. José Félix Lafaurie, actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y que también oficia como negociador del Gobierno en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusó directamente a Cristian Petro de la desaparición de los tres hombres.
El trece de septiembre de 2024, agentes del CTI de la Fiscalía y del Gaula de la Policía encontraron los cuerpos dentro de una fosa improvisada. Dos de ellos estaban completamente incinerados y el cuerpo de Urueta estaba parcialmente quemado. Los cadáveres fueron enviados a Medellín, donde unidades de Medicina legal los identificaran. Una semana después fueron devueltos a Corozal para realizar el respectivo entierro.
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