Aunque a inicios de agosto de este año, un juez cobijó con medida de aseguramiento, en establecimiento carcelario, a los 24 militares implicados en la masacre de 11 personas que se perpetró en marzo de 2022 en la vereda del Alto Remanso, zona rural del municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), la decisión fue revocada y los uniformados recibieron el beneficio de detención domiciliaria.
Los uniformados son procesados por los delitos de homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio y perfidia, luego de que un operativo abrieran fuego contra las personas que participaban de un bazar bajo el supuesto de que estaban en un operativo en contra dos jefes insurgentes las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.
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Sin embargo, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, terminaron fue asesinando a 11 de los integrantes de la comunidad que habita en esa zona rural del sur del país, aparte de herir a una adolescente embarazada y a otro menor de edad.
La decisión de brindar el beneficio de ‘casa por cárcel’ a los militares la tomaron en el Juzgado Segundo Promiscuo de Puerto Asís, encabezada por la operadora judicial Iris Tatiana Jiménez, que argumentó que en el ente acusador no especificaron el rol que desempeñó cada uno de los uniformados implicados en el señalado múltiple crimen, por lo que no se podía esa decisión tan drástica de enviarlos a la cárcel, recogieron en el periódico El Espectador.
Los beneficiados con la decisión fueron los militares Néstor Andrés Cadena Bautista, Jorge Erney Marroquín Cadena, Julián Ernesto Ávila Martínez, Cristian Pérez Galindo, Michael Andrés Quiñones Mendoza, Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santiago Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hoyos Quiñonez, Carlos Alberto Perdomo Romero y Jeisson Rico Soto.
Aunque los apoderados de los familiares de las víctimas solicitaron que mantuvieran privados de la libertad a los militares implicados, ya que han denunciado ser víctimas de amenazas por este caso, la jueza Jiménez ratificó el beneficio.
Así se conoció la versión de la masacre
En su momento, en el periódico El Tiempo se informó que varias personas perdieron la vida durante una incursión armada del Ejército, que desde el gobierno de Iván Duque se justificó como un operativo para capturar a alias Bruno, presunto jefe insurgente con injerencia en el departamento.
Sin embargo, la Fuerza Militar entró violentamente en un bazar en el Alto Remanso, donde las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexander Peña.
Aunque el operativo se justificó inicialmente para lograr la captura del integrante del grupo armado organizado Comandos de la Frontera, parte de la Segunda Marquetalia de Luciano Marín, alias Iván Márquez, periodistas de los medios El Espectador, Cambio y Vorágine se trasladaron a la zona, donde los habitantes les denunciaron que los militares dispararon indiscriminadamente contra los civiles.
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