El concejal de Bogotá, Ángelo Schiavenato, se encuentra en el centro de una denuncia, luego de ser acusado por un excolaborador de su campaña de incumplir sus promesas laborales. Pero esta no sería la única denuncia por esta situación, pues el miércoles 27 de marzo se hizo pública otra similar, que involucra al exjugador de Santa Fe y ahora concejal Leandro Castellanos.
Las acusaciones, difundidas a redes sociales, han generado un debate sobre la ética laboral en el ámbito político. Uno de los casos lo hizo público el influenciador Nicolás Jurado, que utilizó su cuenta de TikTok para contar que Schiavenato cesó toda comunicación con él después de que le pagara su último sueldo. Según Jurado, el concejal prometió duplicar su salario una vez que fuera electo, pero posteriormente desapareció sin dar explicaciones.
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Otra de las denuncias fue la de Laura García Larrota, conocida como Larrotica en redes sociales. Ella compartió un video detallando su experiencia de precarización laboral mientras prestaba servicios de comunicación al concejal Leandro Castellanos. García Larrota denunció que se le prometió un salario y beneficios, pero nunca se formalizó un contrato. Además, se le exigieron costos relacionados con la seguridad social y prestaciones laborales sin previo aviso.
“Qué peligro el Concejo de Bogotá, donde ahora está de moda violar los derechos laborales”, inicia diciendo García Larrota en el video. Enseguida, continúa: “Fui la Community Manager de Leandro durante su campaña (...) me prometieron dos millones de pesos como sueldo, transportes ida y vuelta”; sin embargo, varias de las promesas se quedaron solo en eso.

Larrotica cuenta que fueron dilatando la firma de su contrato justificándose en demoras en la constitución de la empresa que se haría cargo de las comunicaciones. De hecho, cuando la comunicadora reclamó por la ausencia de su contrato, cuenta que le respondieron que “para qué tanta burocracia y papeleo”. Entonces, después de dos meses de trabajo, cuando ella siguió insistiendo por un contrato, le dijeron que debía sacar primero de su bolsillo 600.000 pesos para costear por su cuenta la seguridad social y demás prestaciones de ley.
“Finalizando campaña se retrasan nuevamente con el pago y al contactar con la persona de nómina me dice que soy contratista de la agencia, así que hay pagos de los que ellos no se pueden hacer cargo”. Cuando ella le expresa su deseo de renunciar al concejal, él le propone no solo que se quede en la campaña, sino que le ofrece un puesto en su equipo en caso de llegar a ser electo. “Por la seguridad que da este tipo de trabajos, yo acepté y seguí trabajando en esas condiciones”.
Según cuenta, fue entonces cuando ella decidió poner en sus redes sociales y de forma pública, fotos en compañía del entonces candidato, con logos alusivos al partido. Pasado un tiempo, le ofrecen pagarle 100.000 pesos al mes por los transportes. “Una vez posesionado como concejal, intenté comunicarme con Castellanos hasta tres veces (...) cuando por fin se ponen en contacto es para pedirme las claves de las redes sociales”.
Este fue el presunto incumplimiento del concejal Schiavenato
El influencer Nico Jurado hizo un video en TikTok contando su experiencia al trabajar en la campaña del concejal Schiavenato, por la coalición LARA; en la grabación se ve llorando y afectado por la situación. “Para mí fue muy duro (...), yo me mudé a Bogotá solamente porque habían ofrecido un trabajo (...) y cuando llegué acá a Bogotá otra vez, mi jefe se desapareció completamente (...), En ningún momento fui despedido”.
Frente a estas acusaciones, Schiavenato respondió alegando que no existía un contrato de trabajo, sino una prestación de servicios. Argumentó que su falta de respuesta a Jurado se debió a sus responsabilidades laborales y académicas.
Jurado, por su parte, señaló que fue el encargado de crear la estrategia digital y de redes sociales para las elecciones locales. “En tan solo una semana con la campaña que diseñé logramos 11.000 votos”, sostuvo el tiktoker.

Según Schiavenato, le ofreció trabajo a Jurado su bufete de abogados bajo un acuerdo de prestación de servicios con un precio acordado, además de proporcionarle una tarjeta de crédito para su uso en labores relacionadas. El concejal afirmó que no existía un contrato de trabajo, sino una relación de prestación de servicios. Además, aseguró que Jurado le solicitó un iPhone de más de siete millones de pesos como herramienta de trabajo.
Jurado, por su parte, sostiene que la tarjeta de crédito tenía un límite de gastos y que estos se descontaban de su sueldo mensual; además reiteró que quien había incumplido era el concejal. Estas denuncias han generado un profundo cuestionamiento sobre las prácticas laborales de los concejales de Bogotá.
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