Procuraduría destituye e inhabilita a intendente de Control Aeroportuario en Bogotá por tráfico de drogas

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al intendente Nelson Enrique Robles Munévar, asignado a la compañía antinarcóticos de Control Aeroportuario de Bogotá de la Policía Nacional, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 18 años, tras hallarlo culpable de involucrarse en actividades de tráfico de drogas.

El órgano de control disciplinario estableció que el funcionario proporcionó un uniforme y elementos de uso exclusivo de la Policía a un civil, quien se hizo pasar por agente activo e ingresó al hangar de Central Charter de Colombia S.A.S en el Aeropuerto El Dorado. Su propósito fue fingir la inspección de 15 maletas que contenían 500 kilos de clorhidrato de cocaína, las cuales se embarcaron en un jet privado hacia Farnborough, en el Reino Unido.

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De tal manera que el Ministerio Público estableció que el miembro de la institución policial estuvo involucrado en actividades de tráfico y transporte de sustancias ilícitas, ocupando el cargo de jefe de Control de Equipajes y Aviones.

Por ello, la entidad constató que la conducta de Robles Munévar transgredió los principios de moralidad y legalidad inherentes a la función administrativa.

Asimismo, se determinó que las acciones del servidor público constituyen una falta gravísima a título de dolo. La decisión puede ser objeto de recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

La Procuraduría también presentó durante este fin de semana pliego de cargos contra Moisés Hernández Sánchez, director de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior, Edured, y Claudia Patricia Peñaranda, directora de proyectos de la misma entidad, por posibles irregularidades en la gestión de un proyecto financiado con más de 33.000 millones de pesos procedentes del Sistema General de Regalías.

El propósito de dicho proyecto era la adopción de tecnologías digitales en centros educativos de Puerto Asís y Puerto Caicedo, situados en el departamento de Putumayo.

La indagación del Ministerio Público reveló que el grupo elegido por Edured para ejecutar el contrato presuntamente presentó en su oferta de licitación experiencias anteriores que no corresponden con el enfoque y las metas del proyecto a desarrollar.

“No existía similitud entre las actividades de los contratos aportados como experiencia específica, con las actividades y subactividades del contrato materia del proceso contractual adelantado por Edured, pues aquellos no referían la implementación de tecnologías digitales”, se puede leer en el auto de cargos emitido por la Procuraduría.

El órgano de control señaló que durante la etapa de evaluación técnica se admitió la concurrencia de un solo proponente, a pesar de no cumplir con los requisitos de experiencia específica requeridos; no obstante, se continuó con su elección, adjudicación y firma del contrato, asignándole los cuantiosos fondos.

Los funcionarios enfrentan cargos por haber permitido la postulación del proponente, suscrito el contrato y aceptado la experiencia presentada por el consorcio escogido, sin llevar a cabo la debida verificación de la autenticidad y relevancia de esta. Estas infracciones han sido calificadas provisionalmente como muy graves a título de dolo.

La Procuraduría comunicó la imposición de una sanción consistente en la destitución y la prohibición de ocupar cargos públicos durante 10 años al exgobernador de Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano y al exsecretario de Planeación del mismo departamento, Ronald Latorre Otaya, debido a anomalías encontradas en las obras del parque principal del municipio.

En la decisión de primera instancia, el Ministerio Público probó que los sancionados suscribieron, avalaron y certificaron el acuerdo bilateral sin contar con los estudios completos requeridos por la normativa, fundamentales para llevar a cabo las obras, y sin disponer de las licencias de construcción necesarias para realizar la construcción dentro del plazo estipulado de 10 meses.

Además, la entidad confirmó que se realizaron pagos anticipados y sucesivos al contratista y se llevaron a cabo las acciones pertinentes al contrato establecido, empleando fondos aproximados a $7.838 millones de pesos, a pesar de no contar con los permisos necesarios de las autoridades locales para comenzar la obra en la ciudad.

También se mostró que los funcionarios públicos violaron los principios de planificación, economía y responsabilidad que rigen la actividad administrativa.

La Procuradora Delegada para la Disciplina Judicial de Juzgamiento 2 calificó la acción de los servidores públicos como falta muy grave cometida con culpa gravísima. Esta decisión puede ser objeto de apelación ante la sala disciplinaria correspondiente a los funcionarios de elección popular.