Las dificultades que han presentado las EPS para pagarles a sus redes de servicios, que han sido ocasionadas por falta de presupuesto y otros factores, ha causado una escasez de medicamentos que tiene preocupados a millones de pacientes médicos.
De hecho, el martes 31 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenó al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tomar medidas cautelares urgentes para no afectar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Uno de los casos más representativos es el de Sanitas, que dejará de recibir los medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud por parte de Droguerías Cruz Verde debido a una deuda acumulada de 400.000 millones de pesos.
Frente al complicado panorama, Gestarsalud, una asociación de EPS que en su mayoría están en el régimen subsidiado, envió un mensaje de tranquilidad a sus usuarios, asegurando que seguirán con “su compromiso permanente de hacer la mejor gestión para continuar garantizando el derecho a la salud de sus afiliados de manera continua”.
El gremio reconoció que el Gobierno nacional, por medio de la Adres, ha hecho oportunamente los pagos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, lo que se les reconoce a las EPS por cada paciente. También reconoció haber recibido los Presupuestos Máximos de los meses de julio a septiembre, que son los recursos que cubren los servicios de salud no cubiertos con la UPC.
No obstante, llamó la atención porque el Gobierno todavía debe asignar y girar recursos para el ajuste a Presupuestos Máximos para el suministro de algunos medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud correspondiente al 2022 y 2023.
Justamente, Sanitas manifestó que “el que haya pagos oportunos del Gobierno a la EPS no significa que sean suficientes”, en referencia a lo dicho por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de que ha cumplido con el pago oportuno de $7,8 billones a la EPS.
Así mismo, el Gestarsalud explicó que hay otros conceptos de deudas del Ejecutivo a las EPS que hacen parte de la estrategia de Punto Final que están pendientes de pago hace más de cinco años y otros de la época de la pandemia. A eso le sumó la tensión que existe entre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y el gasto creciente que se ha observado en los últimos años, por lo que le pidió al Ministerio de Salud que revise este rubro.
Por lo pronto, la asociación aseguró que sus EPS agremiadas “están comprometidas en resolver las situaciones financieras, entendiendo las dificultades del Gobierno Nacional para presupuestar y girar los recursos que financian las prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios”.
De igual manera, las EPS asociadas esperan poder llegar a acuerdos con los proveedores con el fin de que los aspectos administrativos y financieros del sistema no afecten el suministro de medicamentos que la población requiere.
“En medio de este momento crítico del sistema, las EPS agremiadas en Gestarsalud trabajan para continuar garantizando los servicios que demanda la población con oportunidad e invitan al Gobierno a continuar con el diálogo constructivo y técnico que permita que las situaciones administrativas no afecten a los usuarios y pacientes, quienes al final deben ser el centro de todas las soluciones”, finalizó indicando Gestarsalud en un comunicado.
La Procuraduría General de la Nación ya había advertido sobre la escasez de medicamentos y alertó sobre sospechas de corrupción en el Invima, sobre todo en temas relacionados con “tiempos de visita para algunas casas farmacéuticas en el trámite de la solicitud de registros sanitarios”.
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