Desde 2022, en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo es legal. Con la Sentencia C-055, la Corte Constitucional despenalizó esta práctica hasta la semana 24 de gestación.
Lo anterior quiere decir que se puede ejercer el derecho al aborto libre, legal y seguro, sin que para ello se requiera algún tipo de condición o requisito.
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Sin embargo, si el embarazo supera las 24 semanas de gestación, la normatividad vigente solo permite acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, únicamente si se cumple con alguna de las causales contempladas en la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Profamilia, la principal organización garante de los derechos sexuales y reproductivos en el país, resaltó la decisión histórica que ha permitido el acceso oportuno de más mujeres y personas gestantes a este servicio médico esencial y urgente al que tienen derecho.
De acuerdo con la entidad, entre enero y julio de 2023 se registró un aumento del 36,7% en el número de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El informe también reveló que el 75% de los abortos realizados en Colombia se practican antes de la semana nueve y el 88% en las primeras 12 semanas de gestación. Lo anterior evidencia que tres de cada cuatro abortos se presentaron en el primer trimestre del embarazo.
Por su parte, los procedimientos realizados después de la semana 24 están relacionados con barreras de acceso que siguen existiendo: como el desconocimiento de la normatividad vigente, el estigma social, los diagnósticos tardíos y los contextos de pobreza y violencia que dificultan su acercamiento temprano al sistema de salud.
Según Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, las cifras presentadas muestran la necesidad de avanzar hacia la despenalización del aborto en Colombia, ya que esto proporcionaría mejores oportunidades de acceso al servicio de salud y evitaría edades gestacionales avanzadas, sumadas a los riesgos y complicaciones por prácticas inseguras del aborto.
“(...) Debemos seguir trabajando para que lo que está escrito sea una realidad; implementar procesos efectivos en Educación Integral en Sexualidad, así como avanzar en la despenalización social del aborto y la eliminación de todo tipo de barreras que impidan su acceso oportuno, seguro y humanizado, esto debe seguir siendo una prioridad”, señaló.
La educación integral en sexualidad es un punto que se destaca Profamilia, debido a que se ha registrado la atención de más de147.000 usuarios y el acceso a más de 17 millones de productos en anticoncepción en lo corrido de 2023.
Por lo tanto, una buena educación sexual facilita el acceso a información oportuna para la toma de decisiones, servicios de salud sexual y reproductiva, así como las herramientas necesarias para prevenir y reducir las violencias basadas en género.
Por último, Profamilia identificó que, por lo menos, el 75% de las usuarias que lograron acceder a un aborto de manera oportuna son personas de los estratos socioeconómicos 1 y 2.
Además, gracias al fortalecimiento de la atención por telemedicina a través de la plataforma Mía, Profamilia logró facilitar el servicio a mujeres que deseaban interrumpir su embarazo en zonas de difícil acceso y con limitaciones económicas como: Leticia, en el Amazonas, Bahía Solano, en el Chocó, San Vicente del Caguán en Caquetá, Dibulla en La Guajira, entre otros.
La plataforma Mia es una herramienta tecnológica pionera en telemedicina implementada por Profamilia. Esta permite la realización de un aborto con medicamentos desde la comodidad de la casa y con acompañamiento remoto de profesionales de la salud.
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