
En la mañana del miércoles 28 de junio se llevó un evento clave no solo para la semana del Gobierno nacional delegando desde La Guajira, sino para el cumplimiento de la Reforma Rural Integral. 490 hectáreas de tierra fueron entregadas a la comunidad kogui y otras 188 a firmantes del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, ocurrió un hecho inesperado en medio del encuentro: el presidente Gustavo Petro no asistió.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, el jefe de Estado presentó complicaciones de salud momentos antes de llevarse a cabo el evento en el municipio Dibulla, por lo que se negó a asistir.
Por otra parte, fuentes de Casa de Nariño le indicaron a este medio que aún es incierto si el presidente asista a los dos últimos eventos pendientes de su agenda del miércoles 28 de junio.
Estos corresponden a la junta mayor de palabreros (prevista en un inicio para la 1:00 de la tarde) y la firma del pacto por la transición entre autoridades del pueblo wayuu, empresas de energía y los gobiernos local y nacional. El encuentro se tiene previsto para las 3:00 de la tarde y asistirán otros funcionarios del gabinete, como la ministra de Minas, Irene Vélez.
De igual manera, este medio confirmó que la vicepresidenta Francia Márquez también asistirá al encuentro ante una posible ausencia del jefe de Estado.
Justamente, la entrega de tierras al pueblo kogui fue liderada por la gobernante en compañía de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y la Agencia Nacional de Tierras –ANT–.
Por otra parte, a pesar de que se habla de una posible intoxicación, desde Presidencia aseguraron a este medio que se está verificando la causa del quebranto de salud del presidente. “Solo sabemos que estaba indispuesto”, indicaron.

Así fueron anunciadas las jornadas de salud preventiva en La Guajira
También durante el miércoles 28, el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, indicó que uno de los objetivos de todo el gabinete es avanzar en el modelo preventivo a la salud, pilar de la reforma a este sector que continúa en el Congreso a la espera de ser discutida en el segundo periodo legislativo.
En ese sentido, el funcionario explicó que el propósito de esa avanzada es disminuir los índices de mortalidad materna y desnutrición infantil en el departamento. “Esos son los dos principales frentes que queremos atacar”, sostuvo al respecto.
Para ello, anunció un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). De paso, recordó que en mayo cerca de 40 trabajadores de la Superintendencia se asentaron en el departamento para hacer auditoría de seguimiento en temas como el buen destino de recursos públicos, sobre todo en la Gobernación y los cuatro municipios mencionados por la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017.
En esta fue declarado el estado de cosas inconstitucional ante problemáticas relacionadas con el agua potable, el acceso a la salud y el derecho a la alimentación de las comunidades wayuu de los municipios Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
“Las personas están sintiendo que el propósito se traduce en beneficios directos y es lo que estamos haciendo con las jornadas de atención. Queremos transmitir cercanía, solidaridad con los afectados y distanciamiento con los infractores; que la gente vea que el que la hace la paga”, agregó el superintendente. De igual manera, reiteró su llamado a que en la próxima legislatura se avance en la discusión de la reforma a la salud a fin de que sea aprobada y los mecanismos del modelo preventivo tengan mayor validez.
“Lo que queremos es que las personas cuenten con la certeza de que existe una afiliación, pero que esta se traduce en atención efectiva, acceso oportuno y calidad en la prestación de los servicios”, manifestó ante las constantes denuncias que llegan a la entidad por negligencia y falta de medicamentos.
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