La Fiscalía en cooperación con la Dijín impactó las finanzas de una red que estaría involucrada en la alteración de comida y medicamentos, donde descubrieron una nueva estrategia: importar estos alimentos en mal estado desde Chile y Ecuador, cambiarles la fecha y comercializarlos bajo una estructura ilegal donde eran distribuidos a establecimientos de comercio y algunos de esos productos terminaban en las loncheras de varios colegios principalmente de Antioquia y Santander.
“La organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador, en algunos casos estos productos estaban vencidos o en malas condiciones y posteriormente les modificaban las fechas de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad y tablas nutricionales” dio a conocer Liliana Donado Sierra, directora especializada de extinción del derecho de dominio.
Y como si fuera poco, no solo adulteraban los empaques de los alimentos en mal estado, sino también medicamentos que eran comercializados en venta libre.
Los alimentos y medicamentos eran vendidos en Medellín, Santafé de Antioquia, Rionegro y Bello, Cali, Barranquilla y Cúcuta, entre otras ciudades. Después llegaban a los encargados de suministrar los suplementos alimentarios a colegios oficiales. Cabe mencionar que las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
Luego de una minuciosa investigación que contó con días de seguimientos se pudo evidenciar los bienes inmuebles con los que contaba esta organización criminal que fueron ocupados por las autoridades con fines de extinción de dominio y que además estarían avaluados en más de 3 mil millones de pesos.
En diligencias realizadas en Medellín, Itagüí y Antioquia y Bucaramanga, fueron ocupados 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, 1 sociedad y 5 establecimientos de comercios que pertenecerían a integrantes de la estructura ilegal.
Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La organización delictiva también hacía llegar alimentos alterados a instituciones educativas por medio del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Pesadilla de nunca acabar en el PAE
En marzo de este año, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos y particulares en averiguación adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, por temas del PAE.
De acuerdo con el ente de control, a los funcionarios se les abrió investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar –PAE– en la Institución Educativa Altozano, sede La Balsa, del municipio de Ortega.
El Ministerio Público indagó posibles fallas en la supervisión e interventoría del contrato que se ejecutaba desde el mes de marzo de 2022, dadas las denuncias de un grupo de veedores y miembros de la comunidad.
Los denunciantes señalan que algunos de los alimentos suministrados, entre ellos, las frutas y unas bebidas de leche saborizada, estarían en mal estado.
La Procuraduría Regional de Tolima ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía General de la Nación anunció también un operativo contra una red delictiva señalada de alterar y comercializar alimentos en mal estado que irían al PAE, tras investigaciones en conjunto con el Ejército, el INVIMA, la secretaría de salud, entre otros.
De acuerdo con Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las violaciones de los derechos humanos, se lograron incautar alimentos, productos de aseo y medicamentos vencidos que serían entregados a dos programas para menores de edad.
En este operativo fueron capturadas 12 personas presuntamente articuladas en este proceso y se llegaron a incautar aproximadamente 70 toneladas de insumos contaminados.
Dentro del operativo fueron ubicadas tres bodegas en Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Bucaramanga (Santander) donde había 80 toneladas de productos en mal estado.
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