Alex Saab, testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, se declarará no culpable de los cargos de lavado de dinero cuando sea procesado el próximo lunes en Estados Unidos, según adelantó a la agencia Reuters su abogado, Henry Bell.
Se prevé que en la segunda audiencia la defensa de Saab pedirá la libertad bajo fianza.
Saab no quiere que lo vean con traje de preso por lo que le pidió a un juez federal que limite el acceso por video a las audiencias.
En una moción de 12 páginas, la defensa de Saab aseguró que el empresario colombiano “no está buscando eliminar el acceso público, que es un derecho constitucional, sino que le solicita a la corte que cumpla con un papel de portero para impedir que se continúen violando las normativas” que prohíben fotos o videos en las audiencias judiciales.
Lo que busca es que sólo un puñado de periodistas acreditados pueden acceder a las audiencias que se transmiten por Zoom, junto con abogados y familiares, y que el resto del público y los medios lo hagan por teléfono.
Saab tuvo su primera audiencia por Zoom la semana pasada ante el magistrado John O’Sullivan, quien le notificó que enfrenta ocho acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de activos. Más de 300 personas participaron en la audiencia, entre ellas los abogados, el juez, fiscales y también periodistas, activistas y opositores del gobierno venezolano.
El colombiano se conectó a la audiencia de la semana pasada desde una sala de la prisión federal donde permanece detenido en Estados Unidos. Estaba solo, sentado detrás de una mesa, vestido con traje anaranjado de presidiario. Llevaba el cabello oscuro y largo hasta el cuello y cubrebocas. Sus palabras no fueron escuchadas ya que sólo había audio en inglés para la traductora, que interpretaba en simultáneo lo que él decía.
Tras describirlo como un “diplomático venezolano” y “una figura polarizadora en el ámbito mundial”, la defensa explicó en la moción que el caso de Saab ha atraído la atención de medios de comunicación de todo el mundo.
Entre los participantes, “muchos, o tal vez la mayoría de ellos, eran miembros de la prensa que cubren el caso de Saab”, otros eran blogueros o personas “ansiosas por publicar fotografías o videos” de Saab, dijo el abogado Henry Bell.
En un caso que enfrenta a Estados Unidos contra el régimen chavista, el empresario colombiano fue arrestado en Cabo Verde el pasado año, durante una parada para repostar de combustible en ruta a Irán, y extraditado a Estados Unidos a principios de este mes.
Saab y su socio Álvaro Pulido fueron acusados de desviar alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de un esquema de soborno vinculado al tipo de cambio controlado por la dictadura venezolana.
El Departamento de Estado estableció el viernes pasado una recompensa de 10 millones de dólares para quien de información sobre el paradero de Pulido, además de señalar que cree que vive en Venezuela.
Al sancionarlo en 2019, Washington describió a Saab como el orquestador de una “vasta red de corrupción” que enriqueció a Maduro y sus aliados a través de una compleja red de empresas fantasmas, socios comerciales y familiares.
Los abogados del empresario colombiano calificaron los cargos de Estados Unidos como “motivados políticamente” y su familia dice que fue “secuestrado”.
La oposición de Venezuela espera que Saab coopere con los investigadores y aporte información detallada de la corrupción chavista. No obstante, en una carta que leyó su esposa en Caracas, el empresario colombiano dijo que no ha cometido ningún delito y que no va a colaborar con Washington.
La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos (siete de blanqueo de capitales y uno de conspiración para cometer ese delito) implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.
(Con información de Reuters y EFE)
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