Trump ordena investigar a Biden y a sus colaboradores

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La orden ejecutiva es el esfuerzo más reciente del presidente Trump por avivar extravagantes teorías conspirativas sobre su predecesor y cuestionar la legalidad de sus acciones en el cargo.

El presidente Donald Trump ordenó el miércoles a su asesor legal de la Casa Blanca y al fiscal general que investigaran al expresidente Joseph R. Biden Jr. y a su personal, en el intento más reciente de Trump de avivar extravagantes teorías conspirativas sobre su predecesor.

En una orden ejecutiva, Trump puso el poder y los recursos del gobierno federal a trabajar para examinar si algunas de las acciones presidenciales de Biden eran legalmente inválidas porque sus colaboradores habían promulgado esas políticas sin su conocimiento.

La orden ejecutiva se produjo después de que Trump compartiera el fin de semana una publicación en las redes sociales en la que afirmaba que Biden había sido "ejecutado en 2020" y sustituido por un clon robótico, siguiendo un patrón de insinuaciones del presidente y sus aliados que afirmaban que Biden era una marioneta mentalmente incapacitada de sus colaboradores.

El expresidente calificó tales afirmaciones de "ridículas y falsas" en un comunicado emitido el miércoles tras la publicación de la orden.

"Seré claro: yo tomé las decisiones durante mi presidencia", dijo. "Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones".

La orden se produce tras la revelación en las últimas semanas de que Biden, de 82 años, había recibido un diagnóstico de cáncer de próstata avanzado y a raíz del renovado escrutinio de su salud durante su presidencia.

Desde su vuelta al poder, Trump se ha embarcado en una campaña de represalias contra los que considera sus enemigos, y Biden ha sido uno de sus principales objetivos. Ha tomado medidas para retirar la autorización de seguridad de Biden y ha ordenado que se investigue la gestión del gobierno del expresidente en una serie de asuntos.

Pero la investigación que ordenó acerca de una teoría de la conspiración sobre el propio expresidente fue una escalada sorprendente.

"La Casa Blanca emitió más de 1200 documentos presidenciales, nombró a 235 jueces federales y emitió más indultos y conmutaciones que ningún otro gobierno en la historia de Estados Unidos", decía la orden ejecutiva, tras afirmar que "los colaboradores del expresidente Biden abusaron del poder" de su cargo.

Una afirmación central de la teoría de la conspiración, descrita por el propio Trump, es que el uso que hizo Biden del sistema autopen --que reproduce la firma de una persona para estamparla en documentos oficiales-- puede invalidar legalmente esos documentos.

Trump ha afirmado, por ejemplo, que algunos indultos que Biden realizó durante su mandato no eran válidos porque se firmaron utilizando un autopen. (No existe poder en la Constitución ni en la jurisprudencia para deshacer un indulto).

Trump ha reconocido que su gobierno utiliza el sistema autopen en ocasiones. Pero su orden ejecutiva afirma sin pruebas que el uso del sistema por parte del gobierno de Biden puede tener "implicaciones para la legalidad y validez" de algunas de las acciones de Biden como presidente.

La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia había intervenido en esta cuestión a petición del presidente George W. Bush en 2005.

Howard C. Nielson Jr., máximo responsable de la Oficina de Asesoría Legal, concluyó que "no es necesario que el presidente realice personalmente el acto físico de estampar su firma en un proyecto de ley que aprueba y decide firmar para que este se convierta en ley". Añadió que, en su lugar, el presidente puede dar instrucciones "a un subordinado para que estampe la firma del presidente en dicho proyecto de ley, por ejemplo mediante un autopen".

Nielson es ahora juez del Tribunal Federal de Distrito de Utah, nominado para el cargo por Trump durante su primer mandato.

Chris Cameron es un reportero del Times que cubre Washington y se centra en las noticias de último momento y el gobierno de Trump.