Trump pretende que se cancelen todos los contratos federales con Harvard

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Una carta dirigida a agencias federales les ordenará poner fin a contratos que suman alrededor de 100 millones de dólares. El objetivo es cortar los últimos lazos del gobierno con la universidad.

El gobierno de Donald Trump se dispone a cancelar los contratos federales que le quedan al gobierno federal con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta enviada a las agencias federales el martes. La misiva también ordena a las agencias que busquen "proveedores alternativos" para futuros servicios.

Los recortes adicionales previstos, descritos en un borrador del documento obtenido por The New York Times, representaban lo que un funcionario del gobierno calificó como una ruptura total de la larga relación comercial del gobierno con Harvard.

La carta es el más reciente ejemplo de la determinación del gobierno de Trump para poner de rodillas a Harvard --posiblemente la universidad más elitista y culturalmente dominante del país-- debilitando su salud financiera y su influencia mundial. Desde el mes pasado, el gobierno ha congelado unos 3200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard. También ha intentado impedir que estudiantes internacionales se inscriban en la universidad.

La carta más reciente, fechada el 27 de mayo y enviada por la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA, por su sigla en inglés), se entregó a los organismos federales el martes por la mañana, según un funcionario de la administración que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar de comunicaciones internas.

La carta ordena a las agencias que respondan antes del 6 de junio con una lista de cancelaciones de contratos. Los contratos de servicios considerados críticos no se cancelarán de inmediato, sino que se transferirán a otros proveedores, según la carta, firmada por Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, responsable de la adquisición de bienes y servicios públicos.

Según el funcionario gubernamental, los contratos con unas nueve agencias se verían afectados.

Algunos ejemplos de contratos que serían afectados, según una base de datos federal, son un contrato de 49.858 dólares de los Institutos Nacionales de Salud para investigar los efectos del consumo de café y un contrato de 25.800 dólares del Departamento de Seguridad Nacional para la formación de altos ejecutivos. Es posible que algunos de los contratos de Harvard que se están revisando ya hayan sido objeto de órdenes de "suspensión del trabajo".

"De cara al futuro, también animamos a su agencia a que busque proveedores alternativos para futuros servicios en los que anteriormente habían considerado a Harvard", decía la carta.

El gobierno ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles. Ha acusado a la universidad de tener un sesgo liberal, de seguir usando consideraciones raciales en sus políticas de admisión a pesar de la prohibición de la Corte Suprema y de permitir comportamientos antisemitas en el campus.

Harvard ha presentado la situación como una lucha por los derechos de la Primera Enmienda, y acusa al gobierno de Trump de intentar controlar su personal, su plan de estudios y su matrícula.

Ante las exigencias del gobierno, que incluían la prohibición de estudiantes "hostiles a los valores estadounidenses", una auditoría de la ideología política de los estudiantes y el profesorado para garantizar la "diversidad de puntos de vista" e informes trimestrales para el gobierno, Harvard se ha defendido enérgicamente en los tribunales federales.

En una demanda presentada el mes pasado, Harvard solicita la restitución de más de 3000 millones de dólares de financiación federal. En otra, presentada la semana pasada, pidió a una corte federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.

La semana pasada, la jueza Allison D. Burroughs restableció temporalmente el derecho de Harvard a matricular estudiantes internacionales, y el jueves se realizará una audiencia para determinar si debe prorrogarse esa orden.

Durante su campaña para un segundo mandato, el presidente Trump atacó a las universidades de élite, tachándolas de estar controladas por "maníacos marxistas y lunáticos", y prometió aumentar los impuestos sobre el rendimiento de las inversiones de las dotaciones universitarias, un plan aprobado este mes por la Cámara de Representantes. La disposición fiscal, que aún necesita la aprobación del Senado, le costaría a Harvard, que tiene una dotación de 53.000 millones de dólares, alrededor de 850 millones de dólares al año.

Harvard ha experimentado la peor parte del asalto de la Casa Blanca a la educación superior, y los administradores y el profesorado del campus han observado con creciente temor cómo el gobierno federal ha emitido decreto tras decreto, socavando la base financiera de la universidad.

La universidad cuenta con alrededor de 6800 estudiantes internacionales, que representan el 27 por ciento de su matrícula total. El rector de Harvard, Alan M. Garber, dijo que la cancelación de su capacidad para matricular a estudiantes internacionales era un golpe potencialmente devastador.

"Condenamos esta acción ilegal e injustificada", escribió Garber en un comunicado la semana pasada, añadiendo que "pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a un número incontable de personas en escuelas y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para proseguir su educación y cumplir sus sueños".

La carta del gobierno de Trump citaba lo que calificaba como un patrón en el que Harvard había mostrado una "falta de compromiso con la no discriminación y con nuestros valores y prioridades nacionales".

Como prueba, la misiva decía que The Harvard Law Review, una publicación independiente dirigida por estudiantes, había otorgado recientemente una beca a un estudiante de derecho que fue acusado de agredir a un estudiante judío durante una protesta pro-Palestina en el campus en 2023.

El estudiante evitó el procesamiento penal por cargos de agresión menor en ese caso y aceptó realizar servicio comunitario, pero no admitió haber cometido ninguna falta.

En la carta también se afirmaba que Harvard no había acatado la decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohibía el uso de la raza como factor decisivo en las admisiones.

Sin embargo, el porcentaje de estudiantes negros de primer curso descendió al 14 por ciento en otoño de 2024 tras esa decisión, frente al 18 por ciento del año anterior. En el mismo periodo, la matriculación de estudiantes negros en la clase de primer curso de la Facultad de Derecho de Harvard descendió al 3,4 por ciento, el porcentaje más bajo desde la década de 1960.

La carta no aportaba pruebas estadísticas de su afirmación sobre las admisiones, pero citaba la adición por parte de la universidad de un curso de matemáticas de recuperación. Decía que el curso era el resultado "de emplear factores discriminatorios, en lugar de méritos, en las decisiones de admisión".

Stephanie Saul es una reportera que cubre la educación superior, centrándose recientemente en los drásticos cambios en las admisiones a las universidades y el debate en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión en la enseñanza superior.