Una jueza bloquea el intento de Trump de prohibir la inscripción de estudiantes internacionales en Harvard

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Menos de 24 horas antes, el gobierno de EE. UU. había dicho que impediría a los estudiantes internacionales actuales y futuros asistir a la universidad.

La Universidad de Harvard demandó al gobierno de Donald Trump el viernes, menos de 24 horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunciara que impediría a los estudiantes internacionales inscribirse a la universidad más antigua de Estados Unidos y una de las más prestigiosas.

El viernes por la mañana, a petición de la universidad, una jueza federal de Boston se apresuró a bloquear la aplicación de la orden del gobierno federal.

La jueza, Allison D. Burroughs, dictó una orden de restricción temporal contra la orden federal, coincidiendo en que Harvard había demostrado que su aplicación causaría un "perjuicio inmediato e irreparable" a la universidad.

La acción del gobierno, y la respuesta de Harvard, son una escalada importante del enfrentamiento entre la gestión actual y la universidad. Y la respuesta contundente y casi inmediata de Harvard es prueba de que detener la llegada de estudiantes internacionales a la universidad, que atrae a algunos de los mejores académicos del mundo, desestabilizaría existencia misma de Harvard.

En una carta a la comunidad de Harvard entregada el viernes por la mañana, su decano, Alan M. Garber, escribió: "Condenamos esta acción ilegal e injustificada", y añadió que "pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a un número incontable de personas en escuelas y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para proseguir su educación y cumplir sus sueños".

La demanda, en la que se acusaba al gobierno de Trump de una "campaña de represalias" contra la universidad, siguió al anuncio, el jueves, de que se había revocado la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard, lo que paralizaba la capacidad de la universidad para matricular a estudiantes internacionales.

Esta demanda es la segunda vez, en cuestión de semanas, que la universidad demandaba al gobierno federal.

En la nueva demanda, la universidad acusó al gobierno de Trump de ejercer "una clara represalia por el hecho de que Harvard ejerciera sus derechos de la Primera Enmienda a controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la 'ideología' de su profesorado y alumnado".

"De un plumazo, el gobierno ha intentado borrar a una cuarta parte del alumnado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y a su misión", decía la demanda. "Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard".

El gobierno dijo que Harvard no había cumplido una lista de exigencias enviada el 16 de abril que contenía registros de actividades de protesta que se remontaban a cinco años atrás, incluidos videos de mala conducta y registros de medidas disciplinarias que involucraban a estudiantes internacionales.

La demanda de Harvard también decía que la universidad había estado trabajando para cumplir la petición del 16 de abril, junto con una carta en la que se atacaba a la universidad por no condenar el antisemitismo.

A pesar de la "naturaleza y el alcance sin precedentes" de las demandas, que exigían información sobre cada titular de una visa de estudiante, unos 7000 estudiantes en las 13 escuelas de Harvard, en un plazo de 10 días laborables, Harvard había presentado la información requerida el 30 de abril, decía la demanda, y también había cumplido con una solicitud de seguimiento.

"Sin embargo, el 22 de mayo, el DHS consideró 'insuficiente' la respuesta de Harvard, sin explicar por qué ni citar ninguna norma que Harvard no hubiera cumplido", decía la demanda. Hace referencia a publicaciones del presidente Trump en Truth Social, su sitio de redes sociales, como prueba de su venganza contra Harvard.

Una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la demanda con un comunicado.

"Si solo a Harvard le importara tanto acabar con la plaga de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas en su campus, para empezar no se encontraría en esta situación. Harvard debería dedicar su tiempo y sus recursos a crear un entorno seguro en el campus en lugar de presentar demandas frívolas", decía el comunicado.

Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Seguridad Nacional, emitió un comunicado diciendo que la demanda "busca limitar los poderes constitucionalmente conferidos del presidente", y agregó que es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes internacionales.

"El gobierno de Trump está comprometido a restaurar el sentido común en nuestro sistema de visas estudiantiles; ninguna demanda, esta o cualquier otra, va a cambiar eso. Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado", dice el comunicado.

El gobierno de Trump ha explicado sus ataques contra Harvard y otras importantes universidades privadas como un esfuerzo por combatir el antisemitismo y hacer frente a los prejuicios liberales en el campus. Durante su campaña, Trump invocó el término "maníacos marxistas" para referirse a la Ivy League.

Tras su toma de posesión, el gobierno de Trump ha intentado utilizar casi todos los medios de los que dispone el gobierno federal para obligar a las universidades, especialmente a Harvard, a ceder a su voluntad. Ahora hay al menos ocho investigaciones sobre Harvard que abarcan al menos seis agencias federales.

Por otra parte, el gobierno de Trump había tratado de utilizar el sistema de estudiantes internacionales del gobierno federal como vía para expulsar a ciudadanos extranjeros del país. Funcionarios de migración fijaron como objetivo a un puñado de activistas estudiantiles propalestinos, pero también suspendieron el estatus legal de cientos de estudiantes, lo que creó ansiedad generalizada entre los estudiantes internacionales de facultades y universidades de todo el país. (A la mayoría de esos estudiantes se les ha restituido su estatus, pero algunos casos de gran repercusión se están dirimiendo en los tribunales).

En Harvard, el conflicto se venía gestando desde hacía semanas, cuando el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo del gobierno de Trump criticó a la universidad por sus prejuicios contra Israel. El 11 de abril, el grupo de trabajo envió una carta exigiendo que Harvard cumpliera una lista de demandas que iban desde la contratación de un supervisor externo para vigilar la ideología de profesores y estudiantes hasta la prohibición de estudiantes internacionales "hostiles a los valores estadounidenses".

Garber respondió el 15 de abril con la primera demanda de Harvard, cuyos alegatos están programados para julio.

Y a pesar de las declaraciones de ambas partes que indican una voluntad de negociación, los ataques contra Harvard han continuado, desde diversas agencias federales, y el gobierno ha congelado casi 3000 millones de dólares en contratos y financiación para investigación.

Al mismo tiempo, una propuesta en trámite en el Congreso que aumentaría los impuestos sobre las dotaciones universitarias podría costar a Harvard unos 850 millones de dólares al año.

La comunidad académica en general se mostró conmocionada por la medida adoptada el jueves por el gobierno de Trump. En un comunicado, Sally Kornbluth, presidenta del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo calificó de "momento grave".

"Les escribo con profunda incredulidad", escribió en un correo electrónico a la comunidad el jueves por la noche. "La medida que ha tomado hoy el gobierno federal de prohibir a Harvard tener estudiantes internacionales es devastadora para la excelencia, la apertura y el ingenio estadounidenses".

Harvard cuenta con unos 6800 estudiantes internacionales, es decir, alrededor del 27 por ciento de su alumnado, y la orden del gobierno podría afectar en última instancia tanto a los estudiantes actuales, que tendrían que buscar otras escuelas a las que asistir, como a los estudiantes de Harvard recién admitidos en camino a Estados Unidos en el otoño.

El anuncio del gobierno del jueves podría cambiar drásticamente la vida de los estudiantes, y también supondría un duro golpe económico para Harvard. Dado que muchos de los estudiantes internacionales de Harvard están matriculados en programas de postgrado de alto costo, la matrícula generada por los estudiantes extranjeros probablemente genere varios cientos de millones al año para la universidad.

En una entrevista realizada el jueves, una estudiante ucraniana de Harvard, que pidió no ser identificada, dijo que temía perder su visado no solo porque interrumpiría su educación, sino porque regresar a su país, en medio de la guerra con Rusia, no es una opción. Está considerando la posibilidad de irse a vivir con familiares a otro lugar de Europa.

Stephanie Saul es una reportera que cubre la educación superior, centrándose recientemente en los drásticos cambios en las admisiones a las universidades y el debate en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión en la enseñanza superior.