La Casa Blanca pretende cancelar los números de seguridad social de migrantes

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Desde el comienzo de su mandato, el gobierno de Donald Trump ha actuado de manera agresiva para revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes a quienes se les permitió entrar en el país durante la presidencia de Joe Biden.

Ahora, el gobierno está tomando medidas drásticas para presionar a algunas de esas personas migrantes y a otras que tenían estatus legal para que se "autodeporten", cancelando de hecho los números del Seguro Social que habían obtenido legalmente, según documentos revisados por The New York Times y entrevistas con seis personas familiarizadas con los planes.

El objetivo es impedir que esas personas utilicen servicios financieros cruciales como cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como bloquear su acceso a prestaciones públicas.

El esfuerzo se basa en una táctica nueva y sorprendente: reutilizar el "archivo maestro de defunción" del Seguro Social, que durante años se ha utilizado para hacer un seguimiento de las personas fallecidas que ya no deberían recibir prestaciones, para incluir los nombres de las personas vivas que el gobierno considera que deben ser tratadas como si estuvieran muertas. Al ser añadidos a la base de datos de defunciones, se les incluiría en una lista negra de una codiciada forma de identidad que les permite ganar y gastar dinero más fácilmente.

Según los documentos, a principios de esta semana se añadieron al fichero los nombres de más de 6300 migrantes cuyo estatus legal acababa de ser revocado.

Los nombres iniciales se limitan a personas que, de acuerdo con el gobierno, son delincuentes convictos y "presuntos terroristas", según muestran los documentos. Pero los funcionarios dijeron que la iniciativa podría ampliarse para incluir a otras personas que se encuentran en el país sin autorización.

Sus "vidas financieras", escribió Leland Dudek, comisionado en funciones de la Administración del Seguro Social, en un correo electrónico a los miembros del personal, se "terminarían".

Esa medida es la última de una serie de acciones extraordinarias del gobierno de Trump, impulsadas por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, para aprovechar datos personales que durante mucho tiempo estuvieron fuera del alcance de las autoridades migratorias con el fin de impulsar la visión del presidente Trump de una represión masiva de los migrantes. Esta semana, varios altos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos presentaron su dimisión después de que la agencia tributaria dijera que ayudaría a localizar a migrantes indocumentados.

Otro hecho del que no se había informado anteriormente es que, en febrero, Dudek llegó a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) por el que se facilitarían las últimas direcciones conocidas de 98.000 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), la agencia federal responsable de deportar a los migrantes indocumentados, según se desprende de otros documentos y entrevistas. La información personal en poder del Seguro Social estuvo muy protegida durante los gobiernos anteriores, según 12 funcionarios activos y oficiales retirados que dijeron que la agencia no había compartido datos de forma tan generalizada con las autoridades de migración.

Al utilizar los datos del Seguro Social para excluir a los migrantes, el gobierno está reclutando a una agencia ampliamente popular --que existe para enviar prestaciones principalmente a los jubilados estadounidenses y a las personas con discapacidades-- en su esfuerzo por deshacer lo que Trump ha ridiculizado como las políticas de "fronteras abiertas" de su predecesor demócrata.

El nuevo papel coercitivo del Seguro Social suscita temores de que los datos defectuosos puedan originar que se incluya en esa lista, por error o indebidamente, a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, trastornando sus vidas financieras, según entrevistas con empleados y exempleados.

"La aplicación de las leyes de inmigración no es competencia de la Administración del Seguro Social", dijo Jason Fichtner, quien ocupó varios altos cargos en el Seguro Social, donde fue nombrado por el presidente George W. Bush. "El potencial para errores puede tener muchas consecuencias".

Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca, dijo que los cambios en el Seguro Social ayudarían a avanzar los objetivos migratorios del presidente. "El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse", escribió en un comunicado. "Está cumpliendo la promesa que le hizo al pueblo estadounidense".

Muchos cambios en la Administración del Seguro Social están siendo impulsados por Musk, quien ha expresado infundadas teorías conspirativas sobre un fraude perpetrado por migrantes indocumentados y sobre el envío por parte de la agencia de miles de millones de dólares a personas muertas. Trump ha propagado muchas de esas afirmaciones.

El multimillonario, uno de los principales asesores de Trump, también ha dicho, sin evidencia, que los demócratas utilizaron la agencia para conceder a los migrantes números de Seguro Social, haciéndolos elegibles para prestaciones que los mantuvieran en Estados Unidos con el fin de poder cambiar la demografía del país.

Al mismo tiempo, el equipo de Musk ha centrado su atención en la agencia del Seguro Social para hacer recortes, alarmando a los beneficiarios. Las reducciones de personal han perjudicado a algunas oficinas locales, y los beneficiarios afirman que cada vez es más difícil recibir servicios. Ahora, bajo el mandato de Trump, la agencia está asumiendo una misión adicional de control de la migración, incluidos quienes entraron bajo el gobierno de Biden, según un alto funcionario de la Casa Blanca que no ha sido autorizado para hablar públicamente.

Biden permitió que muchos migrantes entraran temporalmente en el país como una manera de incentivarlos para que evitaran cruzar ilegalmente la frontera. Esas personas pasaron a tener derecho a trabajar en Estados Unidos, a recibir números del Seguro Social y, en algunos casos, a recibir prestaciones federales.

Más de 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití se acogieron a uno de los llamados programas de permiso humanitario o parole durante el gobierno de Biden, que les permitía entrar en el país por vía aérea, si tenían patrocinadores financieros y pasaban los controles de seguridad. Otros 900.000 migrantes utilizaron CBP One, una aplicación telefónica utilizada por el gobierno de Biden para permitir el ingreso en los puertos de entrada y que les dio la oportunidad de quedarse y trabajar en Estados Unidos.

El gobierno de Trump se ha centrado en ambos programas. Está previsto que el programa que permite a los migrantes entrar por vía aérea finalice este mes, y con esa medida se terminaría el estatus legal de los migrantes que ya están aquí, a la espera de que los tribunales lo impugnen. Los funcionarios del gobierno de Trump también han empezado a revocar los permisos humanitarios de los migrantes que entraron con la aplicación.

El martes, Aram Moghaddassi, un ingeniero de software que trabaja para el DOGE, envió a Dudek el primer lote de nombres que había que añadir: la lista de más de 6300 migrantes que los funcionarios de seguridad nacional habían identificado como personas con estatus legal temporal, pero que ahora estaban en lo que describió como "la lista de vigilancia de terroristas" o habían sido marcados como personas con "antecedentes penales del FBI", según muestran los documentos. Ese mismo día se revocó el permiso de esas personas, escribió Moghaddassi.

La lista incluía a un niño de 13 años y a otros siete menores, lo que suscitó temor dentro de la agencia de que la lista fuera excesivamente amplia, según una persona familiarizada con la medida que con la condición de mantener su anonimato para poder discutir información sensible.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que casi 1000 de esos migrantes habían recibido prestaciones federales por un valor total de unos 600.000 dólares antes de que se les suspendiera el permiso, entre ellas Medicaid, seguro de desempleo y préstamos federales para estudiantes, que representaban una media de 600 dólares por persona.

Moghaddassi no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque la agencia ha cambiado el nombre de la lista de defunciones por el de "archivo maestro de inelegibles", según los documentos revisados por el Times, no ha desarrollado una nueva forma de marcar a las personas como inelegibles para las prestaciones. Por ahora, los migrantes añadidos reciben supuestas fechas de defunción, según dos personas familiarizadas con el proceso.

Martin O'Malley, quien fue comisario de la Administración del Seguro Social bajo el mandato de Biden, calificó la estrategia de inhumana.

"Equivale a un asesinato financiero", dijo O'Malley.

Andrew Biggs, quien trabajó en la agencia durante el gobierno de George W. Bush, sugirió que esos cambios ayudarían a promulgar la política de migración de Trump.

"Si estás a favor de la aplicación de las leyes de inmigración, esto tiene sentido", dijo.

Los funcionarios del gobierno de Trump han presentado el cambio como una forma de luchar contra la delincuencia.

En un memorando dirigido a Dudek el lunes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, escribió que el plan "impediría que los presuntos terroristas que están aquí ilegalmente" tuvieran "privilegios reservados para quienes tienen estatus legal".

No dijo cómo el gobierno determinaba si alguien era un "presunto terrorista".

La lista de defunción

La lista de defunción del Seguro Social es uno de sus conjuntos de datos más importantes. Los funcionarios la mantienen recopilando los registros de defunción de los registros de salud estatales, las funerarias y los familiares, y cada año se añaden unos tres millones de nuevos informes de defunción. Esto evita que se efectúen pagos indebidos.

Los funcionarios también comparten esa información con otros organismos federales para asegurarse de que las personas fallecidas ya no reciben prestaciones. Y el Departamento de Comercio vende una versión de la lista a bancos, agencias de crédito y otras instituciones financieras que quieren evitar el funcionamiento de cuentas de estafadores que utilizan números del Seguro Social robados.

Quienes han sido incluidos en la lista por error estando aún vivos han denunciado efectos catastróficos como la ejecución hipotecaria de sus viviendas y la cancelación de sus cuentas bancarias. Para ser eliminados de la lista, tienen que acudir a las oficinas locales para intentar demostrar su identidad, un proceso conocido internamente como "resurrección". Pero incluso en esos casos el problema puede tardar meses en solucionarse, o más.

El uso de la lista de defunción para nuevos fines, así como el hecho de que la agencia comparta direcciones con las autoridades de migración, podrían plantear problemas en virtud de las leyes federales sobre fiscalidad y privacidad que rigen el mantenimiento de los datos del Seguro Social, según exfuncionarios y expertos de la agencia.

"La Administración del Seguro Social tiene la obligación legal de mantener datos precisos para administrar sus programas, y existen leyes estrictas que regulan el uso y el intercambio de esos datos", dijo Kathleen Romig, directora de Política de Seguridad Social y Discapacidad del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un grupo de investigación de tendencia izquierdista.

Los funcionarios de Trump han dicho que quieren modernizar el sistema de deportación del país combinando conjuntos de datos en poder de diferentes agencias que han estado aislados durante mucho tiempo como parte de un esfuerzo más amplio para vincular los datos personales sobre el público que están dispersos por todo el gobierno.

Los documentos revisados por el Times muestran que el DOGE desempeña un papel importante en ese proceso, incluso en el acuerdo para compartir direcciones que se alcanzó en febrero.

Según los términos de ese acuerdo, los funcionarios de migración decidieron enviar miles de números de seguridad social a la Administración del Seguro Social, que los cotejaría con datos personales y devolvería las direcciones asociadas.

ICE recopila toda la información posible para localizar, vigilar y detener a migrantes indocumentados, aunque las direcciones que figuran en sus registros a veces no están actualizadas.

Dudek dio permiso a los ingenieros del DOGE y a los dirigentes de ICE para utilizar los datos de su agencia con fines policiales, según muestran los documentos. Michael Russo, exdirector de información de la Administración del Seguro Social y miembro del equipo de Musk, también pidió que la información se enviara urgentemente al Departamento de Seguridad Nacional.

Ninguna de las dos agencias confirmó si se habían enviado los datos.

La normativa del Seguro Social establece que la agencia puede revelar información con fines policiales en determinadas circunstancias, como cuando una persona ha sido imputada o condenada por "delitos violentos", y para investigar el fraude de derechos. Durante el primer gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, también presionó para tener un amplio acceso a los datos del Seguro Social, pero esa solicitud fue rechazada por motivos de privacidad, según dos personas familiarizadas con las negociaciones.

Entre los asociados del DOGE que estaban al tanto del acuerdo de intercambio de datos se encontraban Akash Bobba, un universitario recién graduado que accedió a los sistemas del Seguro Social a principios de febrero, según los registros judiciales; Scott Coulter, que fue nombrado director de información del Seguro Social el mes pasado, y Marko Elez, un ingeniero que dimitió de sus cargos en el gobierno este año tras ser vinculado a una cuenta de la red social X con publicaciones racistas que abogaban por políticas de migración basadas en la eugenesia.

Después de que Trump y el vicepresidente JD Vance pidieran su reincorporación al DOGE, Elez fue recontratado de manera discreta.

Kate Conger, Andrew Duehren y Miriam Jordan colaboraron con la reportería. Sheelagh McNeill colaboró con la investigación.

Alexandra Berzon es una periodista de investigación que cubre la política y las elecciones de Estados Unidos para el Times.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias.

Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.

Ryan Mac cubre la responsabilidad de las empresas del sector tecnológico mundial.

Tara Siegel Bernard escribe sobre finanzas personales para el Times, con temas que van desde el ahorro para la universidad hasta hacer aportaciones para la jubilación.

Kate Conger, Andrew Duehren y Miriam Jordan colaboraron con la reportería. Sheelagh McNeill colaboró con la investigación.