La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

Lauren Marsh asegura que la tragedia de su hija Bonnie no terminó con su muerte en 2021, sino que se transformó en una pesadilla interminable: el hospital congeló el cuerpo de la niña de cuatro años sin su consentimiento y, más de cuatro años después, la familia todavía espera la audiencia judicial que podría dar respuestas.

El procedimiento, legalmente ordenado por el forense para preservar evidencias ante la sospecha de un error metabólico, nunca fue explicado de manera sensible a la madre, quien vivió la experiencia como si su hija hubiera pasado a ser “propiedad del NHS (Servicio Nacional de Salud)”. A ello se suma un laberinto judicial que, con una demora de 5 años en la investigación oficial, se ha convertido en el ejemplo más doloroso de un sistema colapsado.

El caso comenzó en diciembre de 2021, cuando Bonnie, previamente sana, presentó síntomas de resfriado y ojos hinchados después de asistir a la escuela. Al día siguiente, la madre decidió dejarla en casa y poco después la niña colapsó en el baño tras episodios de vómitos.

Ante la alarma, los padres solicitaron una ambulancia. Los médicos consideraron que los signos vitales eran normales y no estimaron necesario trasladarla. Sin embargo, ante la insistencia materna, la menor fue admitida en el Norfolk and Norwich University Hospital, aunque fue dada de alta poco después.

La situación se agravó y, pese a las recomendaciones de mantener a la niña en casa, Lauren Marsh optó por regresar al hospital al notar un empeoramiento en el estado de Bonnie.

En ese momento, los médicos prepararon kit de reanimación como medida preventiva, ya que las venas de la menor estaban colapsadas. Bonnie sufrió un paro cardíaco; aunque se planeaba un traslado aéreo al Addenbrooke’s Hospital en Cambridge, la pequeña falleció antes de poder realizarlo.

Tras la muerte, la familia no recibió apoyo institucional inmediato. Según Daily Mail, Marsh afirmó que no recibieron asistencia para limpiar el cuerpo de Bonnie ni asistencia religiosa, además de que la policía fue notificada de la muerte repentina hasta el día siguiente.

Marsh dijo sentirse “mentalmente destrozada” y describió la experiencia como “una pesadilla interminable”, asegurando que desde entonces siente que Bonnie se convirtió en “propiedad del NHS”.

En un primer momento, a los padres se les informó que la causa del fallecimiento fue deshidratación causada por norovirus. Sin embargo, la autopsia reportó la presencia de Covid y gripe, y el certificado de defunción provisional atribuyó el fallecimiento a un “error innato del metabolismo”, una condición hereditaria que posteriormente quedó descartada por los estudios realizados en varios centros especializados, tanto en el Reino Unido como en Alemania.

El dolor de la familia se intensificó al descubrir, antes del funeral, que el cuerpo de la niña había sido congelado para tomar muestras, sin consentimiento materno. Marsh contó que esperó entre cuatro y cinco días para poder ver a su hija en la funeraria, tiempo necesario para que el cuerpo fuera descongelado. “Me rompió el corazón, no firmé nada para dar mi consentimiento”, afirmó. Además, expresó que la imagen de Bonnie ya no era la misma tras el procedimiento.

A la falta de respuestas inmediatas se sumaron los retrasos en el proceso de investigación. El proceso judicial, conocido como inquest, estaba inicialmente programado para julio de 2025, pero se aplazó a octubre por la imposibilidad de contar con ciertos testigos.

Posteriormente, la familia fue informada de una nueva postergación hasta abril de 2026, lo que implica una espera de cuatro años y medio desde la muerte. Marsh manifestó su indignación al enterarse de que el último aplazamiento se debió a las vacaciones del personal y lamentó que la notificación le llegara por un familiar y no por canales oficiales.

La demora en la celebración de la audiencia final representa la manifestación más crítica de un fallo sistémico. Si bien el retraso inicial (2021-2025) tuvo justificación en la necesidad de obtener resultados de pruebas patológicas internacionales altamente especializadas, los aplazamientos posteriores —basados en motivos administrativos como la disponibilidad del personal— configuran una falla judicial flagrante en la obligación de brindar una resolución oportuna en un caso de muerte infantil.

La audiencia completa de la investigación oficial, prevista para el próximo año, representa la oportunidad en la que la familia Marsh espera obtener finalmente las respuestas que ha reclamado desde el inicio de esta trágica historia.