La reciente resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas introduce por primera vez en este tipo de documentos un llamado a que los Estados adopten mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida ante amenazas a periodistas, así como el establecimiento de vías accesibles que permitan denunciar la violencia en línea.
Este enfoque pone especial atención en el contexto digital, donde las agresiones, amenazas, vigilancia ilícita y ciberataques representan riesgos que se han incrementado en los últimos años.
A partir de dichas novedades, el documento demanda “medidas eficaces, transparentes y sujetas a escrutinio para prevenir la difusión y amplificación de la desinformación y la facilitación del acoso, incluidos los ataques coordinados y basados en el género contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y subraya la importancia de “aplicar procesos de diligencia debida con el fin de identificar, prevenir o mitigar cualquier impacto adverso, real o potencial, en los derechos humanos y la seguridad y la labor de los periodistas”.
Según detalla el texto publicado por la ONU, la resolución condena enérgicamente tanto las agresiones directas como las formas indirectas de silenciar a trabajadores de prensa, e incluye un apartado especial respecto a los ataques dirigidos contra mujeres periodistas y los desafíos de género en el ejercicio del periodismo.
El organismo expresa “profunda preocupación por los riesgos específicos que corren las periodistas en […] su labor, y subraya, en este contexto, la importancia de adoptar un enfoque con perspectiva de género al estudiar las distintas medidas para garantizar la seguridad de los periodistas dentro y fuera del ámbito digital” y resalta la necesidad de combatir las amenazas de violencia sexual, intimidación, acoso, hostigamiento, chantaje con contenidos privados, desigualdad y estereotipos de género.
El documento aprobado incluye un extenso llamamiento a los Estados para que “conformen plenamente sus leyes, políticas y prácticas a las obligaciones y los compromisos” asumidos en materia de derechos humanos.
Requiere que se revisen y, si corresponde, se derogue o modifique cualquier normativa que limite el trabajo independiente de los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación.
La resolución exige que se ponga inmediatamente en libertad a todos los periodistas detenidos o tomados como rehenes arbitrariamente o siendo víctimas de desaparición forzada, subraya la urgencia de abogar por “la rendición de cuentas realizando investigaciones imparciales, prontas, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas” y exige a los Estados que “lleven a los autores de esos delitos ante la justicia”, abarcando tanto a quienes ordenan, participan o encubren dichos delitos, como a los cómplices.
La ONU también insiste en la necesidad de establecer “mecanismos de prevención y protección, como un mecanismo de alerta temprana y respuesta rápida” para periodistas que se encuentren bajo amenaza, otorgando acceso inmediato a autoridades competentes y adecuadamente provistas de recursos.
Además, pide a los Estados abstenerse de atacar o emprender represalias contra periodistas y medios, tanto en situaciones de paz como en contextos de conflicto u ocupación. El texto advierte expresamente sobre la prohibición de emplear campañas de información que puedan generar daños o poner en peligro a periodistas.
El documento constata que la mayor parte de los ataques violentos contra la prensa continúan en la impunidad e insta a “formular y poner en práctica estrategias para luchar contra la impunidad de las agresiones y los actos de violencia contra periodistas”, como la creación de unidades especiales de investigación, la designación de fiscales especializados o la adopción de protocolos específicos para el seguimiento y enjuiciamiento de estos casos.
Sugiere también considerar la designación de un punto focal gubernamental que coordine políticas de seguridad para periodistas y mantenga enlaces con otros actores relevantes.
De acuerdo con el relato de la ONU, la claridad frente a estos compromisos responde a escenarios donde tanto legislaciones penales por calumnia o difamación como pleitos estratégicos (SLAPPs) se emplean de modo abusivo para presionar, silenciar o intimidar a quienes informan sobre asuntos de interés público.
El Consejo de Derechos Humanos solicita a los Estados “adoptar medidas para proteger a los periodistas y a los trabajadores de los medios […] frente al uso indebido de, en particular, la legislación financiera o las leyes que penalizan la difamación o la calumnia para presionar, silenciar o intimidar a los periodistas” y añadir “leyes y políticas que prevengan, desincentiven o mitiguen tales casos, entre otros medios asegurando que los procedimientos infundados se desestimen rápidamente, concediendo reparaciones a las víctimas de pleitos abusivos e imponiendo sanciones adecuadas a quienes entablen pleitos considerados abusivos”.
Otra directriz relevante se orienta a la protección de la confidencialidad de las fuentes. El documento alienta a establecer en la ley y la práctica garantías para que tanto periodistas como informantes puedan contribuir a la “rendición de cuentas de los gobernantes y lograr una sociedad inclusiva y pacífica”, sujetando las excepciones a estrictos y limitados supuestos legales con autorización judicial.
Así mismo, la resolución aboga por que la información en poder de autoridades públicas sea divulgada eficazmente y que prevalezca el acceso público, salvo limitaciones “estrictas, proporcionadas, necesarias y claramente definidas”.
La resolución también menciona de manera específica la era digital, señalando como “vitales” los recursos de cifrado, seudonimización y anonimato, dado el aumento de la vigilancia, piratería y programas espía, muchas veces amparados por las propias autoridades.
Sobre este punto, sostiene que los Estados deben abstenerse de “injerirse en el uso de tecnologías como las herramientas de cifrado de datos y protección del anonimato, y de emplear técnicas de vigilancia ilícitas o arbitrarias, como la piratería informática o los programas espía” y fija que el uso de vigilancia selectiva debe regirse por “los principios de derechos humanos de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad”.
En respuesta a una preocupación creciente sobre la seguridad digital y física, el texto pone bajo la lupa tanto a los Estados como a las empresas tecnológicas y de redes sociales, a quienes urge a implementar medidas de prevención, asistencia y reparación en contextos de acoso, desinformación y violencia en línea.
Como se expresa en la resolución: “Es necesario mejorar la cooperación y la coordinación a nivel internacional, mediante, entre otras cosas, asistencia técnica y fomento de la capacidad, con respecto a la salvaguardia de la seguridad de los periodistas” y se incentiva la colaboración entre órganos nacionales, regionales e internacionales, así como una relación activa con los mecanismos de las Naciones Unidas competentes.
En cuanto a la rendición de cuentas, la ONU invita expresamente a los Estados a informar voluntariamente sobre el estado de las investigaciones de las agresiones contra periodistas, en particular a través de solicitudes gestionadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Se pide además considerar planes de acción nacionales que aborden tanto amenazas nuevas como emergentes, incluyendo aquellas propias del entorno digital. Las recomendaciones alcanzan la promoción de ecosistemas informativos diversos y resilientes, con refuerzo a los medios independientes y públicos, y un papel destacado para la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y la protección de periodistas en contextos de protesta, elecciones y crisis sanitarias.
El documento asume una preocupación particular ante las agresiones que afectan a periodistas en contextos electorales y de crisis, recordando que el periodismo cumple una función vital en la construcción de sociedades informadas y democracias inclusivas.
Expresa alarma tanto por la vigilancia y represión ejercidas por actores estatales y no estatales, dentro y fuera de fronteras nacionales, como por la utilización de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías para la manipulación informativa y la coacción contra la prensa. “Se observa que los ataques directos contra civiles o bienes de carácter civil como tales constituyen una violación del derecho internacional humanitario”, indica el texto al referirse a instalaciones de medios y periodistas en zonas de conflicto.
Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió seguir examinando de manera permanente la seguridad de los periodistas e instruyó al Alto Comisionado, en colaboración con la UNESCO, la realización de un estudio exhaustivo con recomendaciones para adaptar la protección a las amenazas surgidas por cambios tecnológicos, legales y penales. Esto implica consultas en línea y la publicación regular de informes sobre los resultados y avances en la materia.
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