En un recordatorio emitido el martes, las autoridades estadounidenses reafirmaron la búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, acusado de lavar mil millones de dólares y pagar millones en sobornos a funcionarios venezolanos.
Gorrín, quien es dueño y presidente del canal Globovisión, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados, según ha comunicado en la red social X la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de Miami. Este se enfrenta a varios cargos en los tribunales de Estados Unidos.
El magnate venezolano enfrenta acusaciones desde agosto de 2017 en el distrito sur de Florida. El empresario es inculpado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos adicionales de lavado de dinero.
Estas acusaciones se centran en presuntos pagos de sobornos de millones de dólares a los extesoreros nacionales de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse derechos de transacciones de divisas a tasas favorables.
En relación a sus colaboradores, en 2023 Díaz Guillén fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de dinero, siendo uno de los casos en los que Gorrín está implicado como principal responsable.
Las autoridades estadounidenses han indicado que la búsqueda de Gorrín sigue siendo una prioridad, exacerbada por los recientes eventos en las sanciones aplicadas a Venezuela.
“Gorrín pagó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficio. La conspiración implicaba dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón, empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales presuntamente enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama en el sur de Florida”, indicó un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU.
El día anterior al anuncio sobre Gorrín, las autoridades estadounidenses confiscaron el avión oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana y lo trasladaron a Florida. Esta acción se enmarca en las sanciones impuestas al régimen de Maduro, argumentando que la aeronave fue “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares.
El gobierno de Joe Biden está tratando de ejercer más presión sobre Maduro debido a sus intentos de socavar los resultados de las recientes elecciones presidenciales en su país, afirmaron funcionarios de la Casa Blanca y recogió The New York Times.
Según declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, estas adquisiciones fueron realizadas a través de una empresa fantasma con sede en el Caribe, usada por personas afiliadas a Maduro para ocultar su participación en la compra del avión.
El avión fue comprado por 13 millones de dólares y luego fue “sacado de contrabando” del país “para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus aliados”, dijo el fiscal estadounidense en el comunicado.
Este caso ilustra cómo las medidas del gobierno estadounidense pretenden atacar las estructuras financieras ilícitas vinculadas a líderes y empresarios venezolanos.
La situación de Raúl Gorrín cobra relevancia en medio de este contexto de sanciones y acciones legales, tanto por la suma de dinero involucrada en sus supuestas actividades ilegales como por la red de corrupción que estas delaciones y juicios ponen de manifiesto.
Las autoridades esperan que estos esfuerzos conjuntos sirvan para desarticular las redes de corrupción y acercar a los culpables a la justicia.
(Con información de EFE)
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