
Varios miembros del actual y del anterior Gobierno francés, incluido el exprimer ministro Édouard Philippe, fueron objeto este jueves de allanamientos judiciales en sus oficinas y en sus domicilios en el marco de una investigación abierta por su gestión de la crisis del coronavirus.
Fuentes judiciales confirmaron a la agencia EFE que, además de Philippe, los registros afectaron al actual ministro de Salud, Olivier Véran, a su predecesora, Agnès Buzyn, a la antigua portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye y al director general de Salud, Jérôme Salomon.
La investigación, abierta el pasado 7 de julio sobre la base de nueve denuncias agrupadas en un mismo procedimiento (del más de medio centenar que se presentaron), corre a cargo del Tribunal de Justicia de la República, único competente en Francia para juzgar a miembros del Ejecutivo por el ejercicio de sus funciones dado su estatuto de aforados.
Se busca determinar si hubo dejación de funciones de los responsables de la gestión de la crisis por abstenerse de tomar medidas para hacer frente a la pandemia, un delito que está penado con hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.
En esta fase de la investigación todavía no se han llevado a cabo interrogatorios, por lo que, en principio, la eventual imputación de las personas involucradas no debería producirse todavía.
Los registros se produjeron el mismo día en que ocho organizaciones representativas del personal sanitario convocaron a una jornada de huelgas y movilizaciones para protestar por la falta de recursos para hacer frente a la pandemia.
Los sindicatos reclaman la contratación de más personal calificado, la apertura de camas que permita limitar el agobio de los servicios de urgencia y un aumento salarial de, al menos, 300 euros por mes.
Las denuncias contra los miembros del Gobierno a cargo de la gestión del coronavirus fueron hechas por médicos, asociaciones y ciudadanos particulares.

La información sobre este procedimiento judicial se da horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciara el miércoles la imposición de un toque de queda nocturno durante al menos cuatro semanas en la región de París y en otras ocho áreas urbanas para intentar contener la escalada de contagios de COVID-19.
CON INFORMACIÓN DE EFE
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