Flor Ivone Morales, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó una reforma al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para que la devastación forestal y la tala de árboles clandestina tenga esta pena.
A través de un comunicado, la Cámara de Diputados anunció este martes 27 de diciembre que Morena busca aplicar esta sanción para inhibir este tipo de actividades que ponen en riesgo la biodiversidad y el ambiente en territorio mexicano, pues estas actividades son la tercera forma de delincuencia organizada transnacional más frecuente del mundo.
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en México diversifica sus actividades e incursiona en la tala clandestina en al menos seis entidades. Por ello, propuso reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional para ampliar los delitos que ameriten esta medida cautelar. Por ello, la iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su correcta dictaminación.
Planteó, además, en el 2° artículo transitorio que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias, para incluir en la legislación penal las hipótesis delictivas para la procedencia en los casos de delitos en materia de devastación forestal y tala de árboles clandestina.
Durante la exposición de motivos, Morales Miranda señaló que las penas que se tienen ante este tipo de prácticas son mínimas en comparación a las afectaciones que se tienen como consecuencia en los bosques y selvas de México.
Por ello, destacó la urgencia para que el Estado mexicano implemente todos los mecanismos necesarios para promover la conservación de los bosques, los árboles y la vegetación de la república. Además, resaltó que se necesita vigilar la integración de la materia prima obtenida al mercado formal.
La diputada agregó que en 2020 México perdió 127 mil 770 hectáreas de bosques, deforestación superior a la del periodo 2010-2015 que fue de 91 mil 600 hectáreas. Dicha práctica se identifica principalmente en Chihuahua; Tapalpa, Jalisco; Costa Grande de Guerrero y San Juan Atzingo, Estado de México y, en menor proporción, en Sonora, Durango, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Querétaro.
En México se dio a conocer a finales de 2021 la existencia de 122 zonas críticas forestales por distintos ilícitos en 20 estados, como tala clandestina, lavado de madera, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos forestales, incumplimiento de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada.
Además, destacó que, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 70% de la madera que se comercializa en la república es de procedencia ilícita. Como si esto no fuera suficiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que en México se deforestan 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil se refieren a la tala clandestina.
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