El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un comunicado este domingo 4 de diciembre en el que condenó los hechos ocurridos el pasado viernes en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
De acuerdo con el escrito, en la actual administración “no hay tolerancia para el abuso policial”, por lo que señalaron que el actuar de los altos mandos en dicha localidad fue indebido. De este modo, exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a comenzar una investigación.
Fue hace unos días que un grupo de locales, así como elementos policiales, sostuvieron un enfrentamiento violento derivado las exigencias de las y los vecinos para conocer la razón de las obras hidráulicas en su comunidad.
En medio de denuncias por el presunto saqueo del agua, un grupo de manifestantes fue encapsulado por decenas de activos de la policía, lo que desató las agresiones y dejó un saldo de 24 personas heridas.
Frente al caso, el gobierno capitalino informó que se tomó la decisión de separar del cargo al director general de Concertación Política de la zona sur, Emigdio Tonatiuh Ávila Obispo, y al director general de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta Laguna.
Asimismo, se comunicó que la jefa de Gobierno instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, así como al secretario de Gobierno, Martí Batres, el difundir el “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgredan el ejercicio de los derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones en la Ciudad de México”.
Además, Sheinbaum también encargó a García Harfuch la puesta en marcha de una mejor capacitación a servidores públicos con el fin de garantizar el cumplimiento de leyes, correcto uso de la fuerza pública y el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, también se aclaró de qué se trata la obra hidráulica llevada a cabo en San Gregorio Atlapulco y Caltongo Xochimilco. “Se trata de obras de drenaje para beneficio del saneamiento de los canales de la zona y que fueron solicitadas, en su momento, por los propios pueblos”, afirmó.
Según lo dado a conocer, previo a las obras se sostuvieron diversas mesas de diálogo con los habitantes; sin embargo, la comunidad expresó el pasado viernes que no fueron consultados.
Otro de los temas en conflicto fue el Programas de Ordenamiento Territorial, sobre el cual Sheinbaum Pardo instruyó a las dependencias encargadas el explicar con todo detalle el proyecto a la población afectada, lo que implica el difundir la información pertinente en Ejidos y Comunidades.
Y es que, de acuerdo con la administración local, la nueva regulación en materia territorial no propicia la “privatización de la propiedad social en el suelo de conservación”.
No obstante, el gobierno de Sheinbaum también aprovechó para criticar la “oportunista postura del conservadurismo”, ya que políticos de Acción Nacional (PAN) y otras fuerzas políticas condenaron los hechos y pidieron la renuncia de Martí Batres.
“Es necesario denunciar la oportunista postura del conservadurismo. A quienes nunca les ha importado ni la propiedad social ni el suelo de conservación. Por el contrario, han hecho del desarrollo inmobiliario ilegal un negocio privado a costa de los pueblos”, condenaron.
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