El gobierno de México no ha desistido en su intento por inhibir el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos que entran al país y son usadas por los cárteles del narcotráfico para llevar a cabo sus actividades criminales.
Fue así que el pasado 10 de octubre el gobierno federal presentó la segunda demanda ante la Corte Federal de Ditrito de Tucson, Arizona, contra cinco fabricantes de armas, dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
El canciller mexicano compartió el documento en cuestión en el que se menciona que dichas empresas estadounidenses presuntamente participarían de manera directa y sistemática en el tráfico ilícito de armas -incluidas las de tipo militar- a través de prestanombres, las cuales terminan en manos de los cárteles de la droga.
En esta demanda de carácter civil se hace mención que las armas adquridas por los grupos criminales son usadas en los asesinatos de activistas, periodistas, jueces, policías, niños y la población en general, por lo que se busca frenar el suministro de origen, que principalmente viende de Arizona.
La ciudad de Tucson es el lugar en el que se concentra la mayoría de las empresas demandadas, con un total de tres, así como 181 distribuidores de armas; en Yuma habría una con 25 distribuidores y en Phoenix estaría otra más con 640 distribuidores, según el mapa adjunto al documento de la demanda.
Los fabricantes demandados son: Diamondback Shootins Sports, Inc. (Tucson); SnG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLCM (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix) y Sprague’s Sports Inc. (Yuma). Lo anterior debido a que las armas vendidas en dichas ciudades “son utilizadas en actividades criminales en México”.
De manera específica se hace mención al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones criminales transnacionales que se benefician de este tráfico ilícito de armas. Para ello, recurren al fraude postal, fraude electrónico, venta ilegal a través de prestanombres, contrabando transfronterizo ilegal, contrabando transfronterizo y lavado de dinero.
Entre los cargos presentados se encuentra negligencia, alteración del orden público, enriquecimiento injusto, violación de la ley contra el crimen organizado (conocida como RICO), daños punitivos, entre otros.
De esta manera se señala que hay una relación directamente proporcional entre el incremento de ventas de armas en Estados Unidos y el aumento de homicidios en México cometidos con dichos artefactos (en 2004 el porcentaje era del 25% y en 2018 pasó a más del 69%, se lee en el documento).
Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), señaló en su publicación titulada Tráfico de armas y los esfuerzos de EE.UU. para interrumpir el contrabando a México que de las 26 mil 860 armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en México entre 2014 y 2018, 4 mil 444 tenían como origen Arizona.
Cabe mencionar que con esto no se busca intervenir en las leyes locales de Arizona, en las políticas de EEUU o en los derechos de los ciudadanos a portar armas, sino que forma parte de una “estrategia multifacética” que busca frenar la avalancha de armamento que entra a México, particularmente el de asalto, con el que se equipan los grupos delictivos responsables del derramamiento de sangre en el país.
Los abogados que encabezan la estrategia legal por parte de México son Seteve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence de Washington, DC., ambos especialistas en el control de armas.
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