El Gobierno Federal inició una carpeta de investigación en contra del Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.
Autoridades federales rastrearon las transacciones del funcionario y sus allegados procediendo al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente cercano a Zamarripa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En un primer reporte, al que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), no se reflejaron inconsistencias en los ingresos del fiscal o gastos en el extranjero registrados desde el 2012.
Fue por ello que la indagación se amplió al círculo cercano del guanajuatense en el cual se incluyó a su esposa, así como a empresarios que colaboraron como posibles operadores financieros y al ex secretario del Gobierno estatal, Luis Ernesto Ayala Torres.
Con este último, señaló el medio, se encontraron indicios que podrían vincular a Zamarripa a una transacción irregular, siendo uno de ellos la identificación de una compra que Ayala había realizado del negocio familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien tendría vínculos con el fiscal.
Esto dirigió las investigaciones a las compraventas que realizó el magnate desde el 2014, en las cuales se detectó dispersión de fondos a “operadores pitufos” - transacciones en montos pequeños que, normalmente, apuntan a posible lavado de dinero o evasión fiscal.
Zamarripa Aguirre es licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle Bajío, y Maestro en Ciencias Jurídico Penales por la Universidad de Guanajuato. Asumió como fiscal de Guanajuato en el año de 2009.
Cabe recordar que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya había sugerido la destitución del fiscal de Guanajuato porque no ha habido “ninguna mejora” en la seguridad del estado desde que asumió el cargo en 2009.
“Es evidente que no hay buenos resultados. Guanajuato es uno de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleva 12 años el procurador”, señaló.
Asimismo, había exhortado al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez que actuara en ello, pues, opinó, “el Gobierno no puede estar secuestrado por facciones e intereses de grupo”, ni permitir “privilegios”.
En el primer semestre del 2021, se registraron 16 mil 937 homicidios dolosos en México, lo que significa una reducción del 3.5% respecto al mismo periodo del 2020, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) durante la conferencia matutina.
La secretaria detalló que en este lapso, seis entidades concentraron el 50.2% de las víctimas de homicidio doloso: Guanajuato con mil 800 asesinatos; Baja California con mil 601; Jalisco con mil 308; Estado de México con mil 281; Michoacán con mil 280, y Chihuahua con mil 238.
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