La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo lunes la posible Declaración General de Inconstitucionalidad sobre la despenalización del uso lúdico de la marihuana en todo el país, luego del fracaso del Congreso mexicano para legislar el tema en los últimos dos años, fallando en la orden del máximo Tribunal del país de crear un marco legislativo para sus resoluciones.
“Recuerdo a todas y todos los ministros, y al público que sigue esta transmisión, que la sesión del lunes será muy trascendental, pues analizaremos la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derivada de la condición absoluta del uso lúdico de la marihuana o la cannabis”, indicó en la sesión de este jueves el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
La Declaratoria General del Inconstitucionalidad (DGI) es un mecanismo contemplado en la Constitución mexicana, en los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 107. Ahí se establece que “en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente”.

También indica que: “Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora”.
“Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria”, añade la Constitución.
La Suprema Corte fue la primera instancia que allanó el camino para la despenalización de la marihuana gracias a una serie de decisiones en los últimos años, cuando reconocieron el derecho al libre desarrollo de la personalidad de personas usuarias de cannabis, lo cual obligó a la Cámara de Diputados y al Senado a legislar sobre el tema.
Sin embargo, el Congreso falló en cada una de las tres prórrogas que otorgó la Corte, además del mandato inicial, para legislar sobre el tema, a pesar de que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido la mayoría unificada en ambas Cámaras desde 2018.

En el último año de la LXIV Legislatura del Congreso (2020-2021), el Senado por fin aprobó una reforma que despenalizaba y regulaba el uso del consumo lúdico –llamado “consumo adulto”– de marihuana en todo el país.
El asunto pasó a la Cámara de Diputados, donde se le realizaron modificaciones sustanciales a la reforma aprobada en la Cámara Alta. Esto provocó que las modificaciones al dictamen regresaran al Senado para su discusión con los tiempos limitados debido al cierre de sesiones y el advenimiento de las elecciones intermedias del 6 de junio.
El Senado ni siquiera discutió los cambios hechos por los diputados en San Lázaro, dejando la reforma, que pondría a México cerca de la apertura de uno de los mercados nacionales de marihuana más grandes en el mundo, en busca de ser el tercer país junto a Uruguay y Canadá en legalizar su consumo lúdico personal, en el aire.
Ante esta situación, y debido también al comienzo de una nueva legislatura (la LXV) en septiembre próximo, la Corte decidió que las prórrogas se habían agotado. El proyecto que el Pleno discutirá el lunes fue realizado por la ministra Norma Piña.

“Será un paso certero encaminado a terminar con el régimen de prohibición de esta planta y reconocer derechos. Ante el retraso en el que ha incurrido el Poder Legislativo para hacer las modificaciones necesarias para garantizar los derechos humanos y regular con claridad la planta de la cannabis, la Suprema Corte está dando un necesario paso al frente”, señaló la coalición civil “Regulación por la Paz”.
“Si bien hubiera sido preferible que el Poder Legislativo aprovechara el tiempo otorgado por la Corte de casi tres años con las prórrogas otorgadas, a falta de acciones por parte de dicho poder, las y los Ministros están actuando conforme a su responsabilidad al avanzar hacia la DGI”, añadieron en un comunicado.
Además, la organización remarcó que la posible Declaración General de Inconstitucionalidad “no exime al Congreso de su responsabilidad de legislar para delimitar el modelo regulatorio de cannabis bajo el cual deberá operar el mercado existente para asegurar que se garanticen los derechos de las personas usuarias”.
Además, se deben establecer “los mecanismos necesarios para asegurar que esta industria brinde los resultados sociales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo y paz que requiere el país”, dijeron. “Sólo con una regulación integral podremos incluir a comunidades afectadas y al sector social para promover un mercado horizontal, justo y que repare el daño de la prohibición”, concluyeron.
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