La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada este 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de fortalecer a la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha alejado a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Este martes la calificadora crediticia con sede en Nueva York (EEUU), Moody’s Corporation, informó a través de un reporte que no vislumbra un aumento de la inversión privada en el sector eléctrico mexicano en los próximos tres años, debido a una serie de polémicos cambios al marco regulatorio en la industria, que podrían afectar algunos contratos ya existentes.
Incluso, la LIE ha generado un enorme rechazo entre inversores, mientras opositores acusan que atenta contra la competencia y viola tratados internacionales, ha quedado congelada en tribunales y suspendida su aplicación por el momento.
Al respecto, López Obrador dijo recientemente que, de ser necesario, podría presentar reformas constitucionales al Congreso y mencionó la posibilidad de que una sea para dar más apoyo a la CFE frente a las empresas privadas.
Moody’s también se refirió al plan de negocios de la CFE, que planea invertir casi 382,000 millones de pesos (USD 18,790 millones) hasta 2026 en proyectos, en su mayoría de generación, aunque también contempla una parte de transmisión y distribución y, en menor medida, en telecomunicaciones.
“Esta estrategia conlleva riesgos financieros y de ejecución”, aseguró Moody’s en su reporte, agregando que existe incertidumbre sobre cómo financiará el 30% de las iniciativas de su plan y que ante la falta esperada de inversión privada debido a los cambios en el marco legal, “es probable” que la CFE deba aumentar su deuda para esos proyectos.
Otro factor que ha alejado inversiones son las cuestiones ambientales y que son cada vez más importantes para los acreedores, por lo que la falta de una política clara de México y CFE hacia las energías renovables, además de la reducción de emisiones de carbono implicaría un menor acceso al mercado de deuda.
Aunque la firma estadounidense señaló que el desinterés de la compañía estatal por las fuentes de energía limpia no tendrá implicaciones en el corto plazo (calificación Baa1 negativa), sí puede provocar un riesgo en los próximos tres a cinco años.
Cabe mencionar que el plan de CFE para la transición del país a energías limpias implica modernizar ocho plantas de generación hidroeléctrica para añadir una capacidad de generación de 530 MW para 2025 y reducir las emisiones de CO2 en 42% hacia 2024.
Pero dicho plan está en riesgo a causa de sequías y podría implicar mayores costos para la estatal. Dado que la escasez de agua limita la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, este déficit deberá compensarse mediante otras fuentes de energía.
Si bien muchas empresas de servicios públicos enfrentan riesgos físicos del cambio climático y problemas relacionados con la descarbonización, la mayoría pueden intentar recuperar los costos que conlleva el cumplimiento de las normativas ambientales.
Pero el gobierno y la compañía que dirige el polémico Manuel Bartlett han criticado el negocio de las energías renovables por un supuesto riesgo de operación para la seguridad del sistema eléctrico nacional.
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