No podemos negar que las normas de twitter son claras: no hay lugar a las amenazas, el acoso o la incitación al odio. En el caso de la cuenta de Donald Trump se suspendió de manera permanente a raíz de la exigencia de los propios empleados de la red social del “pajarito”, quienes determinaron que el presidente estadounidense utilizó el medio para invitar a la violencia.
Fueron dos los mensajes que dieron lugar a esta polémica decisión: en uno Trump agradeció a quienes le dieron su voto y les prometió que iban a tener “una voz gigante en el futuro”; en el otro, simplemente, avisó que no asistiría a la toma de protesta del presidente electo, Joe Biden.
No es la primera vez que twitter suspende la cuenta de un mandatario, aunque sí de forma permanente y por las razones expuestas. Hay que recordar que en múltiples episodios, twitter, ha bloqueado la cuenta de Nicolás Maduro e incluso, el 25 de marzo de 2020 eliminó un tuit donde el presidente venezolano presentaba una propuesta para combatir el COVID-19.
A priori podríamos pensar que en “la cancha” de los particulares mandan los particulares, por tanto, Twitter puede eliminar la cuenta de cualquiera que infrinja sus normas sin mediar otra interpretación que la de los encargados de vigilar el comportamiento de los usuarios. El problema deviene cuando entra en juego el tema de los límites de la libertad de expresión y, por supuesto, los intereses políticos que hay de por medio, así como la influencia y posición política de los involucrados.
No perdamos de vista que Twitter no es un ente imparcial, sino que recibe dinero de particulares, empresas, candidatos a cargos de elección popular y, por supuesto, de instituciones gubernamentales por concepto de publicidad y propaganda.
El tema de los límites de la libertad de expresión es uno de los más complejos y discutidos en el ámbito jurídico y jurisdiccional tanto a nivel nacional e internacional. En nuestro país ha sido objeto de múltiples disputas que han culminado en sentencias que también se han puesto a debate en el ámbito académico y periodístico, en ese sentido, resulta de gran importancia discutir la decisión de Twitter de suspender la cuenta del presidente estadounidense, sobre todo si consideramos que este año estará marcado por las elecciones intermedias en México.
El caso de Trump enciende un foco rojo, pues parece que se ha perdido de vista que las únicas instituciones que pueden fijar los límites a la libertad de expresión son los tribunales que, por medio de interpretaciones constitucionales, que están facultados a hacer, se pronuncian al respecto. Esta tarea no se le podría permitir usurpar, de ninguna manera, a los particulares, cuyos intereses son obscuros al respecto.
Dejar pasar este debate podría conllevar al empoderamiento desmesurado de lo que ya, de por sí, podemos llamar “hegemonía mediática 3.0”, la cual en un futuro distópico podría ser un juez parcial que determinara quien puede usar el micrófono y quién no.
No perdamos de vista también que, por medio de twitter, también se hacen comunicados oficiales e institucionales que deben estar al alcance de la ciudadanía para garantizar otros derechos como el acceso a la información pública.
Es urgente hacer una regulación legislativa para garantizar los derechos humanos en los ecosistemas digitales y no dejarlos en manos del capricho e intereses de los magnates de las redes sociales.
El poder de las redes digitales crece cada día como aumenta el número de usuarios (que ya se cuentan por millones en el mundo) por ello, el Estado debe limitar las acciones de estos grupos, de lo contrario los derechos de los usuarios y la democracia misma se verán afectados, tarde o temprano.
Walter M. Arellano, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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